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Columna
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Corrupción, pobreza y desigualdad

Joaquín Estefanía

Ni a una ni a otra parte -EE UU y América Latina (AL)- ha satisfecho el resultado de la Cumbre extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey. Hay un modo de analizar lo conseguido, que es comparar las agendas con las expectativas. Bush llegó a México con dos personalidades paralelas: campeón del librecambismo liderando el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que oficialmente entrará en vigor en 2005; y baluarte contra la corrupción, a la que cree responsable de buena parte de los problemas de los países en vías de desarrollo. AL pretendía una discusión sobre el triángulo conceptual que constituye su mínimo común denominador: el que tiene como vértices la democracia, la pobreza y la desigualdad.

Es difícil la credibilidad de Bush en esos principios de libertad de comercio y anticorrupción militante que predica, teniendo en cuenta la política que practica. Aun levantados los aranceles sobre las importaciones de acero (porque si no habría sido castigado por la OMC), la política económica republicana es muy proteccionista: sólo le gustan las importaciones de bienes y servicios de los demás (sobre todo si es de productos made in USA), no las propias. Esto es especialmente verdad en el terreno agrícola: la ayuda aportada por los países ricos a sus agricultores representa siete veces el volumen de la ayuda al desarrollo que reciben los países pobres.

Qué decir de la corrupción. No hay día en que los medios de comunicación se vean limpios de casos de alguna empresa americana que no esté siendo investigada por contabilidad creativa y engaño a los inversores. Mientras se celebraba Monterrey, la SEC (organismo regulador de las empresas que cotizan en Bolsa) anunciaba el inicio de una investigación ¡a la Coca-Cola! Y no solamente en el sector privado: las investigaciones cubren también, por ejemplo, a algunas compañías a las que la Administración ha adjudicado a dedo contratos para la reconstrucción de Irak, como la inefable Halliburton, antiguamente presidido por el vicepresidente de EE UU, Dick Cheney, que aparece en el centro de cualquier irregularidad y abuso que es hecho público. Por cierto, ¿saben qué empresa ha sido la mayor contribuyente a la campaña electoral de Bush? Enron, la que comenzó esta larga historia de corrupciones empresariales que ahora se ha instalado en el sector financiero con los bancos de inversión, y que durante un tiempo ha supuesto la mayor suspensión de pagos de la historia americana. Entre las empresas que financian a Bush aparecen también Merrill Lynch, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs o PricewaterhouseCoopers, todas ellas situadas en puestos de honor en las listas de escándalos que asolan la América corporativa.

América Latina (AL) tenía más interés en hablar de otras cosas, aunque los países de la zona adolecen de serios problemas de corrupción (Chile y Uruguay son los que menos). Según un trabajo de Naciones Unidas todavía no hecho público (Informe sobre el desarrollo democrático en América Latina), la extensión de la corrupción en el ejercicio de la función pública encuentra un terreno fértil cuando los ciudadanos se resignan a ella o contribuyen a practicarla. Según un sondeo incorporado al informe citado, en los 18 países de AL el 41,9% de los entrevistados están de acuerdo con pagar el precio de cierto grado de corrupción con tal de que las cosas funcionen.

Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente desiguales está, en su totalidad (el informe no contempla el caso de Cuba), organizada políticamente bajo regímenes democráticos. Así se define en AL una nueva realidad sin antecedentes: el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad. Hoy la región cuenta con 209 millones de personas cuyos ingresos se sitúan por debajo de la línea de pobreza. Además, las sociedades de AL son las más desiguales del mundo. Su gran desafío es hacer compatibles una libertad en expansión y la racionalidad que exige la necesidad de crecimiento económico, con la necesidad social y política de combatir con efectividad la pobreza y la desigualdad.

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