Medio Ambiente inspeccionará a 150 empresas en su primer plan de control

El Gobierno vasco inspeccionará hasta finales de año la situación medioambiental de más de 150 empresas, dentro de su primer plan de control de la actividad industrial. Las inspecciones empezaron en noviembre en plantas químicas y gestores de residuos y, aunque los resultados no se conocerán hasta la primavera, ya se han apreciado deficiencias. Medio Ambiente, que destinará a cuatro funcionarios para estos controles, reforzará su dispositivo con empresas externas. A partir de ahora, las inspecciones serán aleatorias, no sólo en compañías denunciadas o que pedían permisos.

La falta de inspección medioambiental de las empresas, a las que se responsabiliza de los mayores daños contra la naturaleza, es la crítica más repetida por los colectivos ecologistas, que culpan a la Administración de no disponer de medios ni controlar posteriormente la actividad de las compañías. La principal plataforma ecologista vasca, Ekologistak Martxan, ha acusado recientemente al Ejecutivo de desmantelar la unidad de inspección de residuos peligrosos.

Medio Ambiente ha negado las acusaciones y ayer presentó su primer programa de inspección y control ambiental. Sus responsables reconocieron que, hasta ahora, los reconocimientos sólo se realizaban a partir de una denuncia o cuando las empresas solicitaban una subvención o autorización para hacer algún tipo de obra. Apenas había controles aleatorios. Además, los análisis no se desarrollaban de manera integral, sino que se estudiaba de manera separada la situación del aire, las aguas o los residuos.

El Ejecutivo, en su primer programa "elaborado de manera sistemática", según dijo el viceconsejero de Medio Ambiente, Iñaki Ezkurra, ha optado por un modelo mixto: participan funcionarios y empresas externas, siguiendo los modelos existentes en Europa y el resto de España, donde Galicia y Cataluña son las comunidades más avanzadas en esta materia. Galicia tiene un equipo de 16 inspectores, todos funcionarios de la Xunta, y Cataluña recurre a entidades externas.

Desde noviembre

Además, a partir de ahora los órganos que conceden las licencias a las empresas no podrán ejecutar las inspecciones, sino que serán otras áreas, según explicó Ezkurra.

Dichos controles, que comenzaron en noviembre pasado, seguirán realizándose hasta finales de año. En este periodo está previsto examinar la situación de 30 plantas químicas, 27 gestores de residuos, 48 fundiciones, 24 actividades de pasta y papel y otras 40 empresas, aún sin definir, que se ubican en áreas con problemáticas ambientales y en zonas sensibles. Se han elegido estas 169 instalaciones por su mayor potencial contaminante, pero el número de intervenciones podrá ampliarse si hay incidentes o denuncias, y en función de las disponibilidades presupuestarias.

El viceconsejero señaló que las inspecciones se inician con una revisión de la documentación, que se contrasta posteriormente con una visita de campo. Con esos datos, se comprueba si se cumple la ley y, en caso contrario, se elabora un programa de acomodación que, si no se realiza, conlleva "la aplicación de la disciplina ambiental con todo el rigor".

El Gobierno dispondrá para ello de cuatro personas (un jefe de servicio y tres funcionarios técnicos, que en los últimos meses han recibido cursos de formación para tener una visión integral), apoyados por los servicios jurídicos de Medio Ambiente. Para la toma de muestras de aire, agua o residuos, e incluso en visitas de campo, se recurrirá a empresas externas, labor para la que se han consignado 300.000 euros.

Medio Ambiente inició en noviembre el plan de control y ya tiene elaborados varios prediagnósticos, en los que se han comprobado deficiencias e incluso casos de empresas que desconocían que estaban incumpliendo la ley, según afirmó el director de Control Ambiental, Alberto Jiménez de Aberasturi. El departamento espera disponer para marzo o abril próximos de los primeros planes de inspección.

El consejero, Sabin Intxaurraga, aseguró que este programa será anual y avanzó que el objetivo, además del cumplimiento de la legislación, es evitar el "dumping medioambiental" para que no haya competencia desleal de las empresas que incumplen la normativa y tienen así menores costes.