El Kremlin intenta calmar a los inversores por el 'caso Yukos'
El Kremlin se aplicaba ayer para tranquilizar a los inversores inquietos por la detención del magnate petrolero Mijaíl Jodorkovski y para disipar la mala imagen de Rusia en lo que se refiere a la observancia de los derechos humanos en la república caucásica de Chechenia.
El presidente Vladímir Putin recibió ayer al director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, y a directivos de la agencia de calificación Moody's. Putin dijo a Köhler que Rusia desea participar en las actividades del FMI como potencia económica y, concretamente, en los proyectos en las repúblicas de la ex URSS. De momento, Moscú sigue teniendo un papel de deudor, aunque no ha solicitado nuevos créditos desde hace cuatro años, paga de forma irreprochable y espera liquidar en 2007 su deuda, que se calculaba en 6.500 millones de dólares a principios de este año.
En un contexto de bajo crecimiento internacional, Köhler elogió a Rusia como una excepción brillante (se espera que el PIB ruso crezca un 6,5%) y por sus parámetros macroeconómicos. Según el asesor económico de Putin, Andréi Ilariónov, el presidente aseguró a Köhler que la detención de Jodorkovski no debía verse como un intento de revisar las privatizaciones y que el magnate tendría un "juicio abierto y justo".
Sin embargo, el vicefiscal general, Vladímir Kolésnikov, afirmó ayer que el proceso contra los dirigentes de Yukos es "un eslabón" en la cadena de trabajo de la fiscalía, que investiga denuncias contra otras empresas. El día anterior Kolésnikov había lamentado que Jodorkvoski, "por desgracia", sólo podría ser condenado a un máximo de 10 años de prisión.
Por otra parte, Moscú recibió de forma muy crítica la decisión de un tribunal de Londres que ayer rechazó extraditar al independentista checheno Ajmed Zakáiev a Rusia por temor a que fuera torturado. La decisión supone un revés para los intentos de las autoridades rusas de homologar a los separatistas chechenos con el terrorismo internacional. En una nota en su página web, el Ministerio de Exteriores afirmó que la decisión es un "serio golpe" a la "cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo internacional".
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