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La UE exige reformar las pensiones y la sanidad para limitar el impacto del envejecimiento

España y Grecia son los países con mayor riesgo de desequilibrios presupuestarios

La estabilidad de las finanzas públicas en Europa está en peligro. En la próxima década, los nacidos durante los baby-booms de los cincuenta y sesenta empezarán a jubilarse con una elevada esperanza de vida, mientras la población activa irá en descenso por la baja natalidad. Por cada europeo con más de 65 años, trabajan hoy cuatro personas, pero la relación a mitad de siglo será de sólo dos. Los Quince han lanzado una seria advertencia y han exigido reformas urgentes de los sistemas sanitarios y de pensiones, más empleos para los mayores y las mujeres, retrasos en la edad de retiro y medidas para reducir la deuda pública.

Hasta ahora, la UE había hecho especial hincapié en el efecto que ese envejecimiento de la población europea tendrá para los sistemas de pensiones. Los últimos informes de la Comisión y del Consejo, sin embargo, incluyen ya proyecciones sobre el efecto combinado de las pensiones con los sistemas sanitarios, la enseñanza pública y el coste social por el desempleo.

En la mayoría de los países de la Unión Europea, el coste global por esos capítulos combinados acarreará importantes aumentos del gasto público. En España, por ejemplo, el efecto más grave se notará a partir de 2020 y, en 2050, el gasto en esos capítulos supondrá el 28,7% del PIB, frente al actual 21,3%. Por el contrario, la UE asegura que el PIB per cápita en Europa será un 0,4% menor cada año a costa del envejecimiento; igual que en Japón, mientras en Estados Unidos ese impacto negativo será sólo del 0,25% anual.

El efecto de las pensiones en las próximas décadas crecerá en la UE entre un 3% y un 5% (en España pasarán del 8,4% en 2000 al 16,3% en 2050, si bien el aumento se notará a partir de 2015); el sanitario se disparará entre el 1,5% y el 4%, mientras el de educación y paro descenderán alrededor del 1%.

En Europa el 45% del aumento de gasto en pensiones se deberá a la elevación de la esperanza de vida. Son éstas algunas de las principales conclusiones de un informe de 82 páginas elaborado por un grupo especial del Comité de Política Económica cuyo resumen fue entregado a los ministros en la reunión del Ecofin de la pasada semana en Bruselas.

Según el informe, España y Grecia son los países que sufren el mayor riesgo de sufrir desequilibrios presupuestarios por el envejecimiento de la población. A ambos se les recomienda "reformar el sistema público de pensiones o contener el aumento de gasto como resultado de ese envejecimiento". Los dos países son los más confiados en que la llegada de inmigrantes alivie la situación en el futuro. Los países con riesgo, aunque menor, son Alemania, Francia, Austria y Portugal, por diversos factores, mientras Bélgica e Italia están también en peligro por sus elevadas deudas públicas.

En el caso de Alemania, Francia, Portugal e Italia, el documento destaca la necesidad de que esos países pongan en marcha las medidas adecuadas para cumplir el Pacto de Estabilidad. A la vez, recomienda a la mayoría de Estados que aumenten el porcentaje de empleados con más de 55 años edad y eleven la edad de jubilación entre dos y tres años (la media es de 58 años, y un aumento de sólo un año supondría a los Estados un ahorro del 20% del incremento previsto en pensiones).

En España, la proyección hasta 2050 arroja resultados muy variados. Así, mientras las pensiones supondrán un incremento del gasto equivalente al 7,9%, el sanitario sólo crecerá el 1,7%, mientras los de educación y desempleo descenderán el 1,3% y el 1%, respectivamente. El análisis, en todo caso, pone de relieve que en el futuro hay que tener en cuenta el impacto económico de los inmigrantes, especialmente alto en España, donde este año están cubiertos por la Seguridad Social 729.000 extranjeros, frente a los 332.000 de hace cuatro años. El vicepresidente Rodrigo Rato, no obstante, advirtió la semana pasada de que la UE debe actualizar sus estadísticas, porque, en el caso español, "falta un millón de personas" por utilizar datos antiguos.

Como síntesis, el documento señala que el gasto público empezará a ser un problema a partir de 2010 (en España más tarde) y que el riesgo máximo se producirá desde 2040. A mitad de siglo, ese gasto aumentará entre un 3% y un 7% del PIB en la mayoría de los Estados si no se hacen reformas.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Agrupación de Vida de Unespa, María Dolores Pescado, afirmó ayer es necesario la incorporación de 18 millones de extranjeros al mercadode trabajo para compensar el envejecimiento de la población española, durante unas jornadas sobre el sector organizadas por El Nuevo Lunes y Winterthur.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de noviembre de 2003