Mas desafía al Constitucional y mantendrá las 'embajadas'

Artur Mas abandonó ayer por unas horas el nacionalismo moderado que practica en esta campaña electoral. En un tono claramente desafiante, el candidato de CiU proclamó que el Gobierno catalán no piensa cerrar ni una sola de sus embajadas en el extranjero aunque el Tribunal Constitucional ordene clausurarlas. El alto tribunal aceptó ayer el recurso del Gobierno central contra del decreto catalán que otorga competencias en política exterior e inmigración a estas oficinas.

La diplomacia del Gobierno catalán irrumpió ayer en el segundo día de campaña tras conocerse la admisión del recurso de inconstitucionalidad que afecta a las embajadas catalanas en Polonia y Marruecos. Las formaciones de corte más nacionalista, CiU, Esquerra Republicana e Iniciativa, defendieron las competencias de la Generalitat en estas materias. Sólo el Partido Popular apoyó el recurso. Y los socialistas catalanes se mantuvieron prudentes y exhortaron a Mas a "callar y esperar" a la celebración de los comicios el 16-N

El candidato de CiU conoció la noticia justo cuando presidía un acto con medio centenar de representantes del colectivo inmigrante de Barcelona, en el que defendió que el Gobierno catalán asuma las competencias de "regulación, orientación y selección" de la inmigración. Entre ellas, la selección en sus países de origen de los trabajadores extranjeros a través de las embajadas. "Mientras CiU esté en el Gobierno, esas oficinas no se van a cerrar", subrayó. Y advirtió de que si el Tribunal Constitucional suspende la actividad de estas oficinas, "obligará [a la Generalitat] a hacer lo mismo por otros caminos".

En opinión del conseller en cap, el Gobierno catalán no puede delegar el control de la emigración en las "administraciones que no lo hacen bien", en referencia al Ejecutivo central, "porque Cataluña se juega mucho". Por este motivo, defendió el traspaso de estas competencias, entre ellas el control de fronteras a los Mossos d'Esquadra. Después del desafío, Mas afirmó que el Gobierno ya se "espabilará" si la sentencia obliga a adecuar a la Constitución el decreto de las oficinas en el exterior.El candidato de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, se pronunció en los mismos términos que su homólogo convergente. "Si Esquerra está en el gobierno, no cerrará ninguna oficina en el exterior; al contrario, abrirá tantas como considere oportuno, diga lo que diga el Gobierno español de turno", manifestó. Carod aplaudió la apertura de estas embajadas "para orientar a los trabajadores que deciden venir a trabajar a Cataluña". Pero nada dijo de contratar a los trabajadores en origen.

El recurso del Gobierno central evidencia, según Joan Saura, de ICV, la necesidad de que Cataluña se dote de un nuevo estatuto. Los socialistas, por su parte, señalaron que debe ser el Gobierno que salga de las urnas el que "mire con detenimiento" y "reoriente" este conflicto, afirmó el portavoz parlamentario, Joaquim Nadal. El candidato a la Generalitat, Pasqual Maragall, se mostró en contra de su cierre, aunque en el origen del conflicto se encuentran "las derechas que siempre se pelean por el nombre y no por la cosa, y ha sido el nombre el que ha provocado esta reacción".

Sólo el candidato del PP, Josep Piqué, apoyó el recurso porque la política exterior es competencia del Gobierno central y reprobó a Mas sus "actitudes chulescas y profundamente irresponsables conforme se acerca el día de las elecciones".

La admisión a trámite del recurso tendrá, en la práctica, mínimas consecuencias, sobre todo porque el Gobierno de Jordi Pujol dio instrucciones a estas oficinas de ceñirse a las competencias de la Generalitat.

A pesar de la orden, CiU siempre ha sido remisa a modificar una coma del decreto, que fue aprobado tras las presiones del Ejecutivo del PP y con las oficinas ya en funcionamiento.

El Gobierno catalán dispone de dos embajadas, una en Varsovia -con meras competencias laborales- y otra en Casablanca, que preside el independentista Àngel Colom. La embajada en la capital económica de Marruecos, inaugurada en marzo, tiene la denominación oficial de Delegación del Gobierno, con competencias en materia laboral, cultural, económica y comercial.

La oficina de Varsovia, abierta en noviembre de 2001, tan sólo ofrece información sobre la realidad catalana a los trabajadores del Este que aspiran a emigrar a Cataluña. También colabora con las empresas que buscan operarios especializados en la región. Pero aquí se acaban sus responsabilidades. La tramitación de los permisos de residencia y trabajo es una prerrogativa de la Embajada española en Varsovia. Y la Generalitat lo respeta escrupulosamente. El problema legal, base del recurso del Gobierno central, es que el decreto se refiere a la "selección" laboral en los países de origen, un exclusiva del Estado.

En cuanto a la posibilidad de mantener relaciones bilaterales, el artículo del decreto es sumamente ambiguo, pues no delimita competencias. Fuentes del Ejecutivo catalán señalaron que al artículo le faltaría el añadido "en aquellos temas de su competencia exclusiva". Sólo por este latiguillo, el Gobierno central ha renunciado a recurrir contra los decretos del País Vasco que regulan sus embajadas.