COAG impugnará el pacto de la UE con Rabat si no hay compensaciones
La asociación prepara la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo
El acuerdo entre la UE y Marruecos para liberalizar los intercambios agrícolas está cada vez más cerca. Y los recelos del sector hortofrutícola, centrado en Andalucía y Levante, son cada vez mayores. El secretario general de COAG, Miguel López, anunció ayer que su organización está dispuesta a impugnar el acuerdo ante el Tribunal de Luxemburgo si el Gobierno no establece compensaciones para los productores españoles.
La primera exigencia de las asociaciones agrarias es que el Ministerio de Agricultura evalúe el impacto para el sector hortofrutícola de los acuerdos alcanzados por los negociadores. El pacto inicial, pendiente del refrendo del Consejo de Ministros de la UE, da un trato preferencial a la casi totalidad de las exportaciones agrícolas tradicionales (96%) de Marruecos, mientras que de ese tratamiento arancelario se beneficiarán el 62% de las exportaciones agrícolas de la UE. Éste es un paso intermedio en el proceso de constituir una zona de libre comercio entre ambos países, objetivo fijado para 2012.
Miguel López destacó ayer en conferencia de prensa el perjuicio para el tomate español, que coincide en tiempo de cosecha con el marroquí. La principal queja de los agricultores es que no se exige al tomate marroquí los mismos criterios de calidad que a la producción española, lo que unido a los bajos costes laborales permite su venta a precios muy reducidos. El acuerdo prevé una cuota de importación de 175.000 toneladas de tomate marroquí, que se ampliará a 220.000 en tres años.
El secretario general de COAG aseguró que la denuncia -el consejero de Agricultura, Paulino Plata, indicó ayer que estudia una medida parecida- se presentará en base a una norma de la Comisión Europea que permite a las autoridades comunitarias actuar si las importaciones aumentan de tal forma que supongan un perjuicio grave. Según Miguel López, el acuerdo incumple tres principios básicos de la UE: el de garantizar la autosuficiencia alimentaria (ya que generalizará en Marruecos el tomate de exportación en manos de firmas extranjeras frente a la producción autóctona), corresponsabilidad (porque no se reparte en perjuicio entre todos los Estados ) y el de evitar el dumping (venta por debajo de coste).
"Todo ello hace que los productores españoles estemos indefensos", dijo López, quien auguró una reconversión "salvaje" si no median ayudas por el endeudamiento del sector.
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