Argentina, corroída por el soborno

Argentina descendió del puesto 70 al 92 entre 133 países, según el índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional (TI), basado en encuestas de los últimos tres años con empresarios privados, ejecutivos y analistas políticos consultados por la ONG Poder Ciudadano. La metástasis del soborno o comisión, coima, cometa que se paga en todos los niveles para aceitar trámites, evitar multas, eludir condenas, evadir impuestos o ganar concursos para proveer de servicios al Estado se come al final del día el esfuerzo de la mayoría de la sociedad que sale cada mañana a buscar empleo y a tratar de sobrevivir.

En los años noventa, más de 400 altos cargos del Ejecutivo y miembros del Congreso fueron denunciados por gravísimos delitos de corrupción, entre ellos el ex presidente Carlos Menem y varios de sus ministros por la comprobada venta ilegal de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia con beneficios ilegales estimados en 100 millones de euros. Actualmente sólo permanece en prisión la ex secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray, sospechosa de liquidar de forma fraudulenta la empresa de teléfonos del Estado entregada en concesión a Telefónica. Otros mil funcionarios de segunda línea fueron sobreseídos o siguen bajo proceso pero en libertad porque los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública son excarcelables.

El actual ministro de Justicia y ministro del Interior durante la primera presidencia de Menem, Gustavo Béliz, admitió hace un par de semanas que en los años noventa Argentina vivió "una narcodemocracia donde no se respetó la ley, los funcionarios públicos lavaron dinero sucio, llegaron al poder con el afán de enriquecerse. Las leyes fueron compradas y vendidas en el Congreso como si fueran mercancía". El fraude al Estado en los últimos 12 años por delitos vinculados con la corrupción se estima en 2.000 millones de euros. En uno de los expedientes en trámite, luego de que se identificaran sus cuentas en Suiza, los altos cargos del Banco de la Nación Argentina en los años noventa admitieron haber recibido unos 34 millones de euros de soborno de la empresa IBM.

Chile, con 7,4 -en un nivel que se mide entre 0 y 10-, encabeza el índice de transparencia en la región. Argentina, con 2,5, sólo supera a Paraguay, con 1,6. Carlos March, director de Poder Ciudadano, observa que, "en ocho años de medición, el índice casi no registra variaciones; esto quiere decir que la corrupción se instaló como una cultura en los años noventa. No se trata sólo de un problema del Gobierno, el cambio debe darse también en el contexto social". Una licencia de conducir legítima se consigue por 40 euros en la periferia de Buenos Aires. En esa transa alguien compra, alguien vende. Permisos, certificados, documentos.

La policía dice que no tiene presupuesto, se queja de los bajos salarios y recauda en las calles a cambio de liberar territorios donde se cometen delitos o proteger actividades ilegales. Los fiscales denuncian la complicidad de los comisarios despedidos con las bandas dedicadas a los secuestros, el robo de coches, el juego ilegal y el tráfico de drogas. Veinte comisarios acaban de ser desplazados hasta que justifiquen su patrimonio. Juan Manuel Caruso, jefe de policía en la pequeña ciudad de Médanos, al sur de la provincia de Buenos Aires, tenía un patrimonio valuado en cinco millones de euros y le encontraron 900.000 dólares en billetes en una caja de seguridad.

Mario Rejtman Farah, representante en Argentina de Transparencia Internacional, presentó el programa Discrecionalidad Cero para combatir los cinco focos principales de corrupción: las administraciones provinciales, la gestión del Estado nacional, los partidos políticos, el Poder Judicial y el sector empresarial. Según Rejtman Farah,"en un hecho de corrupción hay oferta y demanda. En Argentina hubo empresas que ofrecieron sobornos a los funcionarios y también países desarrollados que sobornaron a los emergentes".