El gran reparto de la tarta

Estados Unidos ha otorgado nuevos contratos de reconstrucción de infraestructura y banca en Irak, pero sigue sin resolver la polémica concesión del principal contrato de petróleo a Halliburton, la empresa que dirigió el vicepresidente Dick Cheney hasta asumir el cargo. Las acusaciones de favoritismo se han acrecentado esta semana por partida doble: porque el Pentágono ha retrasado el plazo del 15 de octubre en el que se había comprometido a incluir otras empresas en el reparto y por las denuncias de que Halliburton ha inflado en más de 150 millones de dólares la factura de importación de combustible para los trabajos en Irak.

Ante la pasividad del Gobierno en enmendar el aparente conflicto de intereses, los demócratas han enfilado los cañones contra el vicepresidente, emplazándole a dimitir o renunciar al cobro anual de 150.000 dólares de su ex empresa, en concepto de beneficios atrasados que, según pactó al dejar la petrolera, seguiría percibiendo aún si Halliburton se declarara en quiebra. El senador demócrata Frank Lautenberg presentó el jueves por la tarde una enmienda al proyecto de ley presupuestario de 87.000 millones para la posguerra de Irak que, de ser aprobado, impedirá la obtención de contratos a empresas que tengan vínculos con altos funcionarios. Cheney no se ha pronunciado al respecto.

Otros dos congresistas demócratas, Henry Waxman y John Dingell, han acusado a Halliburton de sobrecargar en más del doble las facturas de importación de gasolina y queroseno de Kuwait a Irak. La filial de Halliburton que realiza los trabajos, Kellogg Brown & Root, gasta seis millones de dólares diarios en combustible, pagando a 1,59 el galón (3,8 litros) más un 7% de comisión, cuando el precio de mercado es de 70 centavos de dólar. La factura total ha subido hasta el momento a 300 millones de dólares por la importación de unos 700 millones de litros, dijo ayer el congresista Waxman.

Por otra parte, el Cuerpo de Ingenieros del Pentágono, que decide la subasta de contratos petroleros, pospuso el jueves sin explicaciones la resolución del concurso de obras de petróleo que se habían visto forzados a reabrir en agosto, por las quejas de grandes empresas que aspiraban a conseguir una porción de las contratas otorgadas en secreto a Halliburton en febrero. El Pentágono justificó entonces la decisión afirmando que se requería confidencialidad al ser parte de los planes de la guerra.

Cuanto más tiempo pasa, menos obras y dinero quedan para las demás empresas que, a diferencia de Halliburton, que ya lleva ocho meses de ventaja trabajando en la reconstrucción de los pozos petroleros, tendrían que desplazar su personal y equipos y apenas llegarían para completar la primera fase de las obras, prevista para finales de diciembre. Halliburton ya ha cobrado más de 1.400 millones de dólares, y al paso lento que va el Pentágono para selecionar a una o varias de las otras tres constructoras -Fluor, Parsons y Foster Wheeler Ltd.- a éstas les quedarían menos de 200 millones de dólares de los 1.100 millones restantes en la primera fase. Para las siguientes fases aún no se ha convocado un concurso. El megacontrato petrolero tiene un límite de gasto de 7.000 millones de dólares.

La controversia de Halliburton ha dejado en segundo plano el resto de la subastas de reconstrucción, pero el proceso continúa. La mayoría de los contratos grandes han recaído en empresas estadounidenses -como Bechtel, que se ha asegurado este año un mínimo de 700 millones de dólares para la infraestructura no petrolera-, y la mayoría de las subcontratas se las han llevado empresas iraquíes. Una excepción ha sido la telefonía movil, que la autoridad provisional de Irak ha adjudicado a un consorcio egipcio-kuwaití.

Pero el grueso de los contratos lo reparte desde Washington el Pentágono y la Agencia de EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID). Los más recientes han sido los de gestión del Banco de Comercio de Irak y los de telecomunicaciones. La gestión del Banco de Comercio la ha conseguido un consorcio internacional de 11 bancos encabezado por JP Morgan Chase, del que forman parte La Caixa de Barcelona, el francés Crédit Lyonnais o el japonés Mitsubishi Tokio Dinancial Group. El consorcio recibirá dos millones de dólares por la gestión.