Txabarri negocia paralizar el plan de una segunda incineradora

Txabarri promete "relevantes" ayudas si los alcaldes del Txingudi renuncian a su planta

La segunda gran incineradora de Euskadi, junto a la de Zabalgarbi, en Bilbao, comenzará a construirse a mediados de 2005 en el municipio de Urnieta y requerirá una inversión de 120 millones de euros. La futura planta está diseñada para dar servicio a toda Guipúzcoa, salvo la comarca del Txingudi, que ya aprobó instalar su propia incineradora. Una reunión celebrada ayer entre el diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, y los alcaldes del Txingudi podría hacer que éstos renuncien a su planta a cambio de una "relevante" implicación económica de la Diputación.

La Mancomunidad de San Marcos, que abarca toda la comarca de Donostialdea -San Sebastián y nueve municipios de su entorno-, hizo ayer público su decisión: la principal incineradora de Guipúzcoa se construirá en una parcela del polígono industrial Erratzu, en Urnieta. Se considera que esta es la mejor ubicación en el corredor San Sebastián-Tolosa, según un estudio técnico de emplazamientos aprobado por la junta general de la mancomunidad con los votos favorables de los representantes de 9 de los diez municipios integrantes, mientras que los ediles de Urnieta se abstuvieron. El Ayuntamiento de Urnieta, en un escueta nota de dos párrafos, señaló ayer que sus delegados optaron por la abstención "hasta tratar el tema entre todos los partidos políticos [del consistorio] debido a la importancia de la decisión a tomar".

El estudio comparativo puso en competencia a Urnieta con Oiartzun, Zubieta, Rentería y Astigarraga, aunque estas dos últimas fueron desechadas en una primera fase. Finalmente, los criterios de impacto visual, los accesos por carretera y la geología del terreno inclinaron la elección a favor de Urnieta.

La futura planta, explicó el gerente de San Marcos, Iñaki Castillo, está diseñada con capacidad para tratar 275.000 toneladas de basuras procedentes de la comarca donostiarra y del resto de Guipúzcoa (salvo el Txingudi). Su instalación exigirá ocupar una extensión de seis hectáreas, donde también se emplazarán una planta de selección de materiales previa a la quema de los residuos y otra para la maduración de las escorias resultantes de la incineración.

La inversión total será de 120 millones (incluida la compra de los terrenos), que serán amortizados en 23 años. El coste de explotación anual se elevará a 10 millones y se espera ingresar 6,3 millones al año por la venta de la energía eléctrica producida con la combustión. Castillo informó de que la plantilla la compondrán 43 trabajadores.

Txingudi, en el aire

Las obras comenzarían a mediados de 2005 y la apertura se calcula para el verano de 2007, un año después del cierre previsto del vertedero de San Marcos. Guipúzcoa genera unas 400.000 toneladas de residuos que se depositan en vertederos.

El presidente de la mancomunidad, el edil donostiarra del PNV-EA Román Sudupe, explicó que la decisión de ubicar la incineradora en Urnieta se trasladará a la Diputación guipuzcoana y al resto de mancomunidades, con el fin de decidir si finalmente da servicio a toda la provincia o se excluye a la comarca del Txingudi.

Esta polémica disyuntiva irrumpió la pasada semana cuando el actual gobierno de la Diputación guipuzcoana, que no tiene competencias en la eliminación de residuos urbanos, se decantó por construir una sola incineradora y recomendó a la Mancomunidad del Txingudi (Irún, Hondarribia y Hendaya) que considerara paralizar su proyecto de ubicar en Hondarribia una planta transfronteriza con capacidad para 60.000 toneladas de basuras.

Las partes implicadas lograron ayer rebajar la tensión creada durante una reunión a la que asistieron Txabarri y el diputado para la Sostenibilidad, Luis Mari Oyarbide, por un lado, y los alcaldes de Irún, José Antonio Santano, de Hondarribia, Borja Jauregi, y de Hendaya, José Luis Ezenarro, por otro.

En este encuentro, Txabarri les transmitió la voluntad de la Diputación de aportar "cantidades [económicas] relevantes" al proyecto unitario de San Marcos, reduciendo así la aportación municipal, si finalmente los alcaldes del Txingudi dan marcha atrás a su incineradora. Unos y otros se han dado dos meses de plazo para estudiar el nuevo planteamiento del gobierno foral. Jauregi fue muy claro al afirmar que "si la Diputación no hubiese ofrecido ese dinero, nosotros seguiríamos adelante". Txabarri dejó entrever que si finalmente se construyen ambas, retirará su ayuda financiera. Su aportación oscilaría entre el 30% y el 50% del coste de la inversión de la incineradora única.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS