El Gobierno asegura que el Poder Judicial vetará el referéndum

El Gobierno insistió ayer en que será el Poder Judicial el encargado de afrontar el desafío de una consulta popular sobre el futuro de Euskadi, que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha anunciado para la primavera de 2005 si la banda terrorista ETA deja antes de actuar. El vicepresidente segundo, Javier Arenas, y el candidato del PP a La Moncloa, Mariano Rajoy, coincidieron ayer en señalar que "hay mecanismos jurídicos suficientes" para impedir este referéndum.

Ni Arenas ni Rajoy quieren oír hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicaría la suspensión de la autonomía vasca en el caso de que Ibarretxe llevara adelante la consulta popular. En sus declaraciones a Radio Nacional, Arenas recordó a Ibarretxe que "para celebrar una consulta debe haber una autorización previa de las Cortes Generales". Por tanto, recordó Arenas, si Ibarretxe persiste en celebrar la consulta, incurrirá en "un acto jurídicamente nulo, ilegal".

Arenas ampara su posición en las previsiones constitucionales que, además de la autorización de las Cortes y de la convocatoria por el Rey de la consulta a propuesta del presidente del Gobierno, regulan las condiciones y el procedimiento de la consulta a través de una Ley Orgánica de 1980, ya que es el Estado, según la Carta Magna, el depositario de la competencia exclusiva en materia de consultas populares.

El Gobierno central anuncia que en el momento en que el lehendakari incurriera en un acto ilegal -como saltarse la autorización de las Cortes-, intervendría a través de un recurso ante los tribunales frente al reto del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, que proclama que el referéndum saldrá adelante salvo que el Ejecutivo central ordene desplegarse "a la Guardia Civil".

Sin embargo, Ibarretxe no acepta esa legalidad constitucional, y si se aprueba por mayoría absoluta la Ley de Reforma del Estatuto de Gernika en septiembre de 2004, ya ha anunciado que planteará, seis meses después, la consulta siguiendo sus propias reglas, aunque el Gobierno central no la autorice.

En este sentido, un portavoz del Gobierno vasco señaló ayer que el lehendakari "va a seguir adelante con su propuesta de libre asociación, considerando que tiene la legitimidad política que le da la mayoría de los vascos para presentarla". Es la respuesta al presidente del Gobierno, José María Aznar, quien la víspera dijo que las posibilidades de que salga adelante el plan Ibarretxe son "literalmente cero".

"Qué calidad democrática cree que tiene aquel que niega a los demás la defensa democrática de sus posiciones políticas afirmando que las ideas del Gobierno vasco tienen cero posibilidades mientras que las suyas pueden llevarse a cabo con el cien por cien de garantías. Niega a los demás lo que en exclusiva se otorga para él mismo, y todo ello lo hace con felicitaciones por el apoyo incondicional que el PSOE le ha mostrado para construir un muro contra la propuesta de convivencia presentada por el Gobierno vasco", añadió el portavoz de Ibarretxe.

La única condición que se ha impuesto Ibarretxe, y que insiste en que la cumplirá, es la celebración de la consulta en ausencia de violencia terrorista.

El primer paso se ejecutará el día 25, cuando se cumple el 24 aniversario del referéndum del Estatuto de Gernika, día en que el Gobierno vasco aprobará el plan de libre asociación que Ibarretxe defendió en el Parlamento vasco el pasado viernes, redactado ya como un proyecto de ley articulado.