Ibarretxe someterá a consulta su plan de libre asociación aunque lo rechacen las Cortes

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, fijó ayer un plazo de un año para el debate de su propuesta de libre asociación en el Parlamento vasco, que comenzará tras su aprobación en consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre, 24º aniversario del referéndum del Estatuto de Gernika. Al término de ese plazo, en septiembre de 2004, el plan, desarrollado a través de un proyecto de Ley de reforma del Estatuto, será votado en la Cámara y enviado a las Cortes, momento en el que para Ibarretxe empezaría a contar a la vez un período de seis meses destinado a la negociación con el Gobierno central.

Terminado éste, y se concluya o no con un acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno vasco planteará la celebración del referéndum sobre la propuesta, bautizada ayer como Nuevo Estatuto de Libre Asociación, si se da la condición de ausencia de violencia que Ibarretxe se autoimpuso el año pasado y reiteró ayer.

El Gobierno vasco pretende aprobar la reforma del Estatuto, que requiere mayoría absoluta, en septiembre de 2004

Egibar cree que si el Estado no aceptara el resultado de una consulta, habría que ir a "una declaración unilateral"

Ibarretxe: "No hay una solución al final del camino, sino que el camino es la solución"

Patxi López: "Pierdan toda esperanza de llegar a un acuerdo con los socialistas"

El 'lehendakari' abrirá un periodo de seis meses para negociar con el Ejecutivo central su proyecto soberanista

El lehendakari explicitó que el referéndum sobre su plan se llevará a cabo de todos modos, una vez aprobada con mayoría absoluta del Parlamento vasco. El Gobierno vasco suma 36 de los 75 diputados del parlamento vasco, por lo que necesita al menos el apoyo de tres diputados de alguno de los tres grupos de la oposición para sacar adelante su proyecto de Ley.

Ibarretxe precisó que si su plan resulta ratificado en consulta popular, obligaría a un nuevo proceso de negociación con el Ejecutivo de la nación con el objeto de "incorporar la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico". El portavoz de su partido, Joseba Egibar, fue más lejos y señaló que si no se acepta el resultado de la consulta, sólo quedará el recurso a una "declaración unilateral".

El lehendakari citó la crisis del Prestige y la guerra de Irak como ejemplos del alejamiento de la acción del Gobierno central de la voluntad vasca, por el recorte de las libertades y los resultados del 25-M.

Ibarretxe se mostró de nuevo inasequible al desaliento y determinado a mantener su proyecto contra viento y marea, pese a que en el año transcurrido desde su primera exposición no ha logrado sumar adhesiones más allá de las que ya tenía entonces y a que ayer se presentó ante la Cámara en la misma situación minoritaria para sacar adelante su plan.

El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, se mostró dispuesto al diálogo y contento de haber asistido, según dijo "a la firma del acta de defunción del Estatuto de Gernika" y de ver entronizado en el Parlamento vasco "el debate que durante 25 años ha sido el de la izquierda abertzale".

Con eso, afirmó, "ya hemos ganado". Otegi resaltó que la síntesis que el lehendakari Ibarretxe busca "ya existe" en las coincidencias nacionalistas -derecho de autodeterminación, territorialidad y consulta popular entre otras- que hicieron posible el Pacto de Lizarra.

Ibarretxe también oficializó ante la Cámara que desea un procedimiento especial para el debate de su propuesta, diferente al previsto reglamentariamente para los proyectos de ley. "No estamos ante la Ley de carreteras", señaló como ejemplo de que el proyecto de Ley debe tener una tramitación extraordinaria con mucho debate. La mayoría gubernamental (PNV, EA e IU) en la Mesa del Parlamento vasco permitirá cumplir ese deseo de Ibarretxe.

El lehendakari hizo hincapié en recalcar que su proyecto es "el del Gobierno", pese a las propuestas distintas que siguen manteniendo los socios que lo integran, en especial IU.

Su insistencia no es gratuita: sólo de ese modo le asiste la legitimidad jurídica para iniciar el procedimiento de reforma del Estatuto de Gernika.

"El Gobierno vasco ostenta toda la legitimidad jurídica para presentar ante esta Cámara una propuesta de reforma y modificación del Estatuto aprobado en 1979", afirmó. "Es una propuesta institucional que responde a la facultad de iniciativa que nos atribuye el Estatuto", reiteró más tarde.

Ibarretxe subrayó, además de esa legitimidad jurídica, otra de tipo política y social, para lo que se apoyó en los tres partidos que forman ese gobierno y en los 684.000 votos, el 47,7% de los emitidos, que reúnen.

Su otro empeño fue instalar la necesidad del debate: "No hay una solución al final del camino", dijo, "sino que el camino es la solución". A él emplazó en particular a Batasuna: "¿Cuál es vuestro proyecto para los próximos años?. Seguir votando con éstos (en referencia a PP y PSE) contra el Gobierno?". "No tenéis excusa", les instó, "tenéis que exigir a ETA que deje las armas". Ibarretxe saludó "con respeto" la propuesta socialista y pidió al PSE ese mismo respeto para con la suya, mientras al PP le retó a dejar de reducir la autonomía vasca "por la puerta de atrás" con el recorte de las leyes y hacerlo de frente con un proyecto de reforma a la baja del Estatuto cuya aprobación debería someter a las Cortes. Aunque también avanzó en la concreción del contenido del proyecto de ley que aprobará el consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre, éstas no arrojaron cambios de importancia sobre lo ya conocido, bien porque se ha ido dando a conocer oficialmente o merced a las filtraciones de los documentos de trabajo.

El socialista Patxi López estuvo tajante: "Pierdan toda esperanza de llegar a un acuerdo con nosotros". "Se ha abierto la subasta de los marcos políticos" ironizó el dirigente socialista y prometió para no extenderse, que "ya les mandaremos nuestras 34 razones". Segun López, el plan busca la hegemonía nacionalista y acaba con el pluralismo, "nos sume en la parálisis y no sirve al cese de la actividad terrorista". Frente a la afirmación de "moderno" esgrimida por Ibarretxe dijo que "nada más antiguo que construir con ladrillos nacionalistas del siglo XIX". López le recordó no haber mencionado "la ausencia de libertades que algunos padecemos. Le pido retire y la ofrezco diálogo en serio para pasar la página y buscar soluciones compartidas".

Jaime Mayor Oreja, presidente del PP en Euskadi, consideró que el plan soberanista es "una herencia de ETA" y el "precio político" que los nacionalistas están dispuestos a pagar a la banda terrorista.

El plan "no cuestiona el actual modelo de estado", aseguró Ibarretxe pese a que uno de sus socios de gobierno, IU, defiende un modelo federal. "Nada niega ni a nada obliga", dijo, "a otras regiones ubicadas en el estado español".

No explicó Ibarretxe en qué ayuda su plan a la pacificación ni incidió más que el año pasado en las víctimas, salvo para enumerar las iniciativas que ha puesto en marcha en su favor. Ni siquiera llegó hasta donde lo ha hecho su consejero del Interior, Javier Balza para quien la solución al terrorismo es ya sólo policial. Frente al terrorismo, cuya mención fue de nuevo somera, prometió "eficacia policial, rechazo social y propuestas políticas para solucionar los conflictos por vías pacíficas y democráticas".

En relación con las víctimas, exhibió el plan de trabajo de la ponencia parlamentaria, y el plan contra la violencia de persecución en el que comprometió su liderazgo para "tejer una red de complicidad social e institucional" para arropar a quienes la padecen.