Zapatero pide a Ibarretxe que "guarde en un cajón" su plan por el bien del País Vasco

Arrecian las críticas desde el Ejecutivo, el Poder Judicial y el mundo empresarial al nuevo estatuto para Euskadi que ayer presentó el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que sólo ha recibido el respaldo de los partidos de la Declaración de Barcelona, PNV, CiU y BNG. El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a Ibarretxe que lo meta "en un cajón y que se olvide de él por el bien de Euskadi, de la libertad y de la convivencia constitucional".

Previamente, los partidos integrantes de la Declaración de Barcelona, PNV, CiU y BNG, han respaldado el Plan Ibarretxe, del que destacan su "profundo sentido democrático", su compromiso en la defensa de los derechos humanos y su legitimidad. En Bilbao, la secretaria del EBB de PNV, Josune Ariztondo, y el secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, han leído un manifiesto de apoyo al Plan Ibarretxe, en el que han criticado la postura "inmovilista, cerrada y agresiva" del PP y han reprochado al PSE su "seguidismo político". Ambos partidos "ponen de nuevo de manifiesto la existencia de un nacionalismo español incapaz de aceptar el diálogo, de debatir proyectos y de hallar solución a la articulación institucional". Asimismo, recuerdan que el plan se asienta "en los marcos jurídico-políticos vigentes" y que busca "avanzar para que sea la sociedad vasca la que se pronuncie, en libertad y en ausencia de violencia".

Por su parte, el candidato del PP a La Moncloa, Mariano Rajoy, ha señalado en Madrid que Ibarretxe "decidió ayer romper unitaleralmente el modelo de convivencia en el que se basa la Constitución y el Estatuto", apoyado por una "mayoría democrática" en el País Vasco. Para Rajoy, lo primero que debe hacer es "retirar el plan" y defender "la libertad, la vida y los derechos humanos", ya que la prioridad es "la lucha contra el enemigo, que es ETA". Si no, ha instado al lehendakari a que lo presente a votación cuanto antes. "Si no lo hace, es porque está esperando a que en España exista un gobierno más débil". Además, ha lanzado un griño al PSOE, al señalar que seguirá "trabajando para construir una alternativa democrática y constitucionalista" en el País Vasco, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los sectores sociales y económicos para que rechacen el plan y ha advertido de que, "si se vulnera la ley, el estado de derecho actuará".

Euskadi regresará "al pasado"

En este sentido, el ministro de Justicia, José María Michavila, ha señalado previamente desde Córdoba que "la democracia y la Constitución tienen instrumentos suficientes para, sin hacer nada excepcional o extraordinario, con toda normalidad, garantizar la plena vigencia de los valores constitucionales y democráticos, y así lo hará el Gobierno, en relación a ese plan rupturista". El ministro de Justicia ha subrayado que "lo que hace es retrotaer al País Vasco al pasado, generar una quiebra de la convivencia y de los valores cívicos y constitucionales".

Sin embargo, el secretario de Organización de EA, Rafael Larreina, ha advertido de que no admitirán "el derecho a veto ni al PP, ni al PSOE, ni al mundo de Batasuna", para seguir adelante con el proceso hacia un nuevo marco jurídico político para el País Vasco, ya que ayer se "abrió una nueva etapa política en este país". "Quieran o no quieran este proceso va a seguir adelante", ha sentenciado. Desde el ámbito de la justicia, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el País Vasco, Javier Martínez Lázaro, ha afirmado que el plan pretende "un Poder Judicial controlable" y se ha mostrado sorprendido porque se defienda "la idea de una Euskadi separada y apartada del resto de realidades económicas".

Desde otras comunidades, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha señalado que la propuesta soberanista "es inviable" y un "mal plan que divide a los vascos, rompe España y empequeñece a los vascos en Europa". Por su parte, el Círculo de Empresarios Vascos ha insistido en el "riesgo de división y enfrentamiento" social que conlleva el plan del lehendakari, al tiempo que se ha mostrado convencido de que generará una "incertidumbre política", muy negativa para la actividad económica y para el empleo.