Argentina entregará a Chile al general que ordenó fusilar a prisioneros del golpe de 1973

El juez bonaerense Jorge Urso resolvió extraditar a Chile al general retirado Luis Ramírez Pineda, de 77 años, donde está procesado junto a otros siete suboficiales en retiro por las ejecuciones de los prisioneros del palacio de La Moneda durante el golpe militar de 1973. La decisión desecha una solicitud similar de Francia, que pretendía procesar al militar por el secuestro y torturas de una de esas víctimas -George Klein-, de origen francés, y termina con la preocupación del Ejército respecto a la posibilidad de que uno de sus generales fuera juzgado en el exterior.

El juez Urso utilizó tres argumentos para fundamentar su resolución favorable a la petición de la justicia chilena. Primero, la existencia de un tratado de extradición entre Chile y Argentina, lo que no ocurre entre este último país y Francia. Segundo, que la investigación realizada por el magistrado del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, muestra "un especial progreso en su tramitación". Y tercero, que los delitos imputados al general "han sido presuntamente cometidos en territorio chileno".

Fuentes cercanas al juez Urso, citadas ayer por el matutino bonaerense La Nación, indicaron que, independientemente de si la decisión gusta o no a los organismos de derechos humanos, "esta persona [Ramírez Pineda] debe ser juzgada por sus connacionales".

La resolución judicial, que puso fin a la segunda detención de un militar chileno fuera de su país por crímenes cometidos en la dictadura -la primera fue la de Augusto Pinochet, en octubre de 1988-, coincidió con la visita del presidente Ricardo Lagos a Argentina para reunirse con el presidente Néstor Kirchner, y desactiva uno de los temas que preocupaba al Ejército chileno, la posibilidad de que un general fuera juzgado en otro país.

La defensa de Ramírez Pineda acogió con satisfacción la decisión. Según el abogado del general, Vivian Bullemore, con el reconocimiento del tratado de extradición entre Chile y Argentina, el juez determina la primacía del principio de territorialidad de la ley penal, según la cual el inculpado debe ser juzgado donde sea cometido el delito.

Un caso emblemático

El general Ramírez Pineda deberá enfrentarse a la justicia en uno de los casos considerados emblemáticos en Chile; el asesinato de los prisioneros de La Moneda que se entregaron desarmados a los militares golpistas, después del asalto y bombardeo al palacio presidencial donde el presidente Salvador Allende resistió a los militares, durante el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Por esa fecha, Ramírez Pineda era comandante del Regimiento Tacna, al cual fueron trasladados las cerca de 50 personas retenidas. Los médicos que estaban en el grupo fueron liberados por orden del general Javier Palacios, quien dirigió el asalto al palacio. Los prisioneros restantes fueron trasladados en autobuses de la Armada hasta el regimiento de artillería Tacna.

En la guarnición militar, los retenidos permanecieron bajo custodia hasta el día siguiente -tendidos boca abajo y con las manos en la nuca-, y fueron golpeados. Horas después, los oficiales liberaron a los detectives de la escolta de Allende, que estaban dentro del grupo.

Al día siguiente, el 13 de septiembre, Ramírez Pineda ordenó que los restantes prisioneros -nueve asesores de Allende (entre ellos Klein) y 12 guardaespaldas- fueran trasladados a un terreno cercano al cuartel militar, donde fueron fusilados, según testimonios de soldados y oficiales.

Cuerpos en un pozo

Los militares arrojaron los cuerpos a un pozo, lanzaron granadas y taparon el lugar con tierra. Ramírez Pineda explicó a sus subordinados que los detenidos habían sido condenados por un tribunal militar y que los fusilamientos eran por "traición a la patria". El subteniente Jorge Herrera, que en 1973 tenía 21 años, sostuvo que los ejecutados "conservaron su dignidad y no se produjeron intentos de fuga. Ninguno pidió clemencia y algunos murieron gritando consignas".

Algunos de los fusilados fueron sepultados en tumbas anónimas en el Cementerio General de Santiago. Otros 12 permanecieron en la fosa hasta que, en 1978, soldados del Tacna sacaron sus restos, los metieron en sacos y los trasladaron hasta un helicóptero desde donde, se presume, fueron arrojados al mar.