La Corte Penal Internacional se estrena con la persecución de los crímenes en Congo

La Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente instituido para perseguir los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, ya tiene su primer caso entre las manos: las matanzas de la provincia congoleña de Ituri. Sólo un mes después de tomar posesión de su cargo, el fiscal Luis Moreno Ocampo ha examinado las 499 denuncias recibidas y ha elegido este caso por ser urgente y porque las denuncias presentadas están muy documentadas. Aunque se evalúan en más de tres millones los muertos desde 1998, el tribunal sólo podrá perseguir los 5.000 crímenes cometidos en el último año.

La situación de la República Democrática del Congo es tan grave que la Unión Europea, a petición de la ONU, ha enviado a esta zona, por primera vez, su Fuerza de Despliegue Rápido. El alto representante para la Seguridad y la Política Exterior de la UE, Javier Solana, dio por terminada ayer precisamente su visita a la zona y constató que se ha logrado estabilizar, al menos, la situación en la capital de la región de Ituri, Bunia.

Pero los informes de ONG y de los cascos azules de Naciones Unidas desplegados en el lugar con anterioridad hablan de una catástrofe que se está cobrando decenas de miles de víctimas ante la pasividad del sistema jurídico nacional, un requisito imprescindible para que la CPI pueda actuar en un país que, como el Congo, ha ratificado el acuerdo de creación de la Corte (el llamado Estatuto de Roma).

Nacida en 1998, la CPI echó a andar el 1 de julio de 2002. Sólo podrá juzgar los crímenes cometidos desde entonces. La ausencia del fiscal jefe, que tomó posesión de su cargo hace sólo un mes, impedía abrir las denuncias que iban llegando a sus oficinas en La Haya y que se redoblaron a raíz del juramento de los 18 jueces que la componen desde el 11 de marzo pasado.

Entre las 499 denuncias recibidas hay 16 contra las fuerzas aliadas que invadieron Irak, pero Moreno Ocampo explicó ayer en rueda de prensa que la Corte no tiene jurisdicción en ese caso porque ni Irak ni Estados Unidos ratificaron el Estatuto de Roma. Tampoco podría tomar en cuenta las dos denuncias presentadas contra Israel o contra las matanzas en Costa de Marfil por la misma causa. La CPI sólo podría intervenir si lo pidiese el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o si determinados crímenes ya comprobados no fueran perseguidos en los países de origen de los presuntos criminales en países que sí han ratificado.

El todavía reducido equipo de Moreno Ocampo facilitó ayer una primera radiografía de las 499 denuncias recibidas en su oficina. Más de la mitad proceden de Europa (23 son españolas). Se da la circunstancia de que Alemania es el país que más ha presentado (93), seguido de Estados Unidos (70), cuya Administración ha puesto su empeño en neutralizar la potestad de la CPI firmando acuerdos bilaterales con una cincuentena de países para evitar que ésta pueda perseguir a los estadounidenses asentados en sus suelos.

La investigación abierta por Moreno Ocampo sobre los crímenes en Ituri tiene una primera limitación de recursos humanos importante. Con cuatro funcionarios y 13 ayudantes, esta investigación cuenta con el apoyo de informes serios y detallados tanto de ONG como de Naciones Unidas. A partir de hoy, la oficina del fiscal añadirá sus propias pesquisas y, en caso de que lo considere necesario, iniciará la persecución formalmente, lo que requiere el permiso expreso de la Sala de Asuntos Preliminares de la propia CPI.

Las tareas más importantes que ahora debe afrontar la fiscalía de la CPI son las de detallar las denuncias concretas y demostrar que la justicia local no ha actuado. De forma indirecta, Moreno Ocampo se quejó de la inoperancia de muchas de las denuncias recibidas y explicó a la opinión pública que éstas deben ser lo más concretas posible y con información precisa acerca de la posición del gobierno de turno en la persecución de los presuntos delitos denunciados.

Tropas europeas

Javier Solana abandonó anoche la zona de los Grandes Lagos camino de Nueva York. Unos 1.500 soldados europeos, componentes de la Fuerza de Despliegue Rápido, han logrado, según el alto representante, estabilizar la situación en Bunia, pero abandonarán el lugar el 1 de septiembre próximo, como estaba previsto.

Solana pedirá mañana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que los cascos azules regresen en septiembre, pero con mayor capacidad de acción, con poder de utilizar la fuerza para mantener la paz y responder a los ataques. "La Unión Europea ha conseguido restablecer la confianza en la zona y Solana teme que ésta se pierda cuando los europeos la abandonen, lo que pondría en riesgo también todo el proceso de paz", decía ayer desde Uganda a este periódico la portavoz de Javier Solana, Cristina Gallach.

Nuevos casos de violencia se registraron en los últimos días en la región congoleña de Ituri. La agencia France Presse informó ayer de la muerte de 35 personas por enfrentamientos armados ocurridos el pasado martes en Tchomia, una ciudad cercana a Bunia. Entre los fallecidos se encuentran al menos cuatro civiles. La noticia sobre los combates la aportaron las fuerzas rebeldes que dicen controlar esa localidad.