Garzón ordena embargar 2.648 millones a los militares argentinos por el genocidio

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el embargo de bienes por importe de 2.648.305.000 euros, cantidad a la que asciende la responsabilidad civil de los 96 militares y policías argentinos procesados el 2 de noviembre de 1999 por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura en Argentina (1976-1983). El magistrado ha reiterado la orden internacional de búsqueda y captura a efectos de extradición para 46 de los procesados, entre los que se encuentran los antiguos jefes de las Juntas Militares que gobernaron el país.

El hecho de que Garzón haya fijado en 2.648 millones de euros la responsabilidad civil exigible a los 96 militares y policías argentinos procesados tiene como objeto asegurar las indemnizaciones que las víctimas de los crímenes de la dictadura deberían cobrar en el caso de que los citados militares fueran condenados. Por ello, aunque Garzón no tiene posibilidad de embargar bienes en Argentina, ya que las autoridades de aquel país no le reconocen la jurisdicción, el magistrado puede embargar las cuentas bancarias y los bienes que los procesados tengan en España y otros países, como por ejemplo Suiza.

La decisión no es baladí, puesto que a la orden de detención internacional -que imposibilita en la práctica que los acusados viajen fuera de Argentina, salvo que asuman el riesgo de ser detenidos en cualquier lugar del mundo, como le ocurrió al ex dictador chileno Augusto Pinochet- añade la asfixia económica que supone el no poder disponer de fondos.

Además, el magistrado reiteró la orden internacional de detención dictada el 30 de diciembre de 1999 contra 46 de los 96 procesados, a efectos de extradición para ser juzgados por crímenes contra la humanidad.

Juntas militares

En el listado de los militares contra los que se ha ordenado su detención se encuentran los antiguos miembros de las juntas militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Omar Domingo Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. Leopoldo Fortunato Galtieri, que integró las juntas y fue jefe de Estado durante la guerra de las Malvinas, también estaba procesado, pero ya ha fallecido.

Las órdenes dictadas afectan también al ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército argentino Carlos Guillermo Suárez Mason, el ex gobernador de la provincia de Tucumán Antonio Domingo Bussi y el capitán de Marina retirado Alfredo Ignacio Astiz, apodado El ángel de la muerte.

Precisamente Bussi, que fue responsable del Quinto Cuerpo de Ejército y al que se descubrieron cuentas en Suiza a su nombre, acaba de ser elegido alcalde de la ciudad de Tucumán (Argentina). Bussi ha ganado por 17 votos a su oponente, el hijo de un desaparecido.

"Diseño criminal"

El auto de procesamiento dictado por Garzón señalaba que en la República Argentina, desde 1975, se produjeron acontecimientos políticos, sociales y delictivos que determinaron a los responsables militares no sólo a derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante el golpe de Estado de 1976, "sino también a diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de grupos de ciudadanos en función de su adscripción a determinados sectores, por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos". La extensa resolución detalla la distribución de las zonas militares "para ejecutar materialmente el diseño criminal", con sus responsables, coordinación y jerarquía, así como los mecanismos para desarrollar el plan de sus autores; describe los denominados traslados "para hacer desaparecer a los ilegalmente detenidos" y explica la práctica de torturas "sistemáticamente sobre todos y cada uno de los detenidos, bien para extraer información, bien para lograr una confesión (...) o bien por mera crueldad y tormento por motivos ideológicos y/o religiosos". Un trato "especialmente inhumano" se dispensó a los judíos, que significan un 12,4% de los desaparecidos y un 15,6% de los muertos. La resolución de Garzón se refiere a los procedimientos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde estuvieron detenidas 5.000 personas y en donde se realizaron los llamados vuelos de la muerte.