La justicia de Bush

Con una preocupante falta de respeto hacia la legalidad internacional, Estados Unidos mantiene hacinados a 2.300 presos en Irak sin acusaciones ni defensa, mientras Bush ha decidido poner en marcha una máquina judicial de carácter excepcional para hacer pasar ante tribunales militares, sin las más mínimas garantías procesales, a presos vinculados a Al Qaeda. Haciendo uso de las prerrogativas de una legislación excepcional aprobada tras el 11-S, ha designado a seis prisioneros entre los centenares de detenidos tras la guerra de Afganistán para que sean los primeros en comparecer ante este simulacro de justicia.

Por este sistema, no aplicable a ciudadanos de Estados Unidos, la identidad de los nominados permanece secreta, y los cargos, también. Le corresponde al número dos del Pentágono, Paul Wolfowitz, decidir quiénes serán acusados y elegir a sus jueces (entre tres y siete), que por unanimidad pueden dictar sentencias de muerte. El proceso puede declararse cerrado al público si implica secretos oficiales; los acusados no tienen derecho a conocer las pruebas aportadas ni a mantener la confidencialidad de las comunicaciones con sus abogados militares designados de oficio, y la sentencia no es apelable. Su único margen está en aceptar o no la culpabilidad, pero, incluso si son declarados inocentes, podrán seguir internados en Guantánamo. Un país que defiende los derechos humanos y el Estado de derecho com EE UU difícilmente puede caer más bajo en este ámbito.

Es muy probable que los juicios se celebren en la base que EE UU tiene en la bahía cubana de Guantánamo, porque, a efectos jurídicos, no es territorio estadounidense. Allí han estado confinados desde noviembre de 2001 en condiciones infrahumanas centenares de detenidos, de los que ahora quedan 680, a los que Washington ha calificado de "combatientes ilegales" para no tener que aplicarles los derechos de los prisioneros de guerra. Estados Unidos tiene además decenas de presos en condiciones similares en Afganistán.

Estos primeros juicios servirán a la Administración de Bush para preparar el terreno para juzgar, y eventualmente ejecutar, a altos dirigentes de Al Qaeda como Abu Zubaidah o Jalid Mohamed.

Junto a la sala de vistas de Guantánamo se construirá también un patíbulo para las posibles ejecuciones. El momento del anuncio por el Pentágono de la nominación de los seis primeros presos no parece casual, pues la popularidad de Bush está cayendo ante la mala situación en Irak. Tampoco allí parece que EE UU esté a la altura de sus obligaciones, dadas las condiciones degradantes de sus presos, denunciadas por Amnistía Internacional, y el misterio que rodea a las detenciones de los dirigentes del antiguo régimen. Con estas afrentas a la legalidad, EE UU crea un pésimo precedente y emite un signo negativo sobre el respeto a las garantías individuales cuando se trata de ciudadanos de terceros países.