La izquierda se queda sola en su propuesta de retirar el escaño a los tránsfugas

El PSOE tendrá que emprender en solitario la búsqueda de fórmulas legales que permitan a los tribunales desposeer a un diputado electo de su escaño si abandona su grupo. Los socialistas proponen causas tasadas y que supongan flagrante deslealtad o fraude al electorado que votó una candidatura cerrada con un programa concreto. El PP, CiU y CC rechazaron ayer esta resolución en el Congreso por considerar que puede ser inconstitucional y situó la solución de las deslealtades en la legislación antitransfuguista para que con el voto de un disidente no se pueda alterar la mayoría de una institución. Al fondo está el conflicto de Madrid, donde dos socialistas se han ido con su escaño al Grupo Mixto impidiendo gobernar a su partido.

El pleno del Congreso votó ayer en contra de esta resolución, que había sido trabajada por un grupo de constitucionalistas con la supervisión de la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega. La propuesta obtuvo 120 votos a favor, del PSOE e IU; 194 en contra, del PP, CiU y CC, y 12 abstenciones: del PNV y Grupo Mixto. Desde que se desató la crisis en Madrid por la fuga de los dos electos del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los socialistas insisten en que la doctrina del Tribunal Constitucional de 1989 respecto a que el escaño es del diputado y no del partido merece ser revisada para poner algún límite a la posesión del escaño. Aunque debe cuidarse escrupulosamente que los partidos no puedan quitar el acta a un diputado de manera arbitraria. A pesar de la derrota de ayer, los socialistas presentarán una proposición no de ley e incluirán esta reforma en su programa electoral para 2004.

El PSOE pretendía abrir el debate con una fórmula abierta al estudio de todos los grupos para incluir "en la legislación electoral las causas de pérdida de la condición de representante, consistente en la realización de actuaciones u omisiones que supongan una manifiesta deslealtad hacia la candidatura o la formación política".

Los socialistas esbozan tres requisitos. Primero, que las actuaciones de quien comete el acto de disidencia supongan "deslealtad al electorado, un fraude a la representación conferida y una desnaturalización del resultado electoral". En segundo lugar, "que no respondan a motivaciones derivadas exclusivamente de consideraciones sobrevenidas que afecten a la libertad ideológica". Por ejemplo, no se aceptaría que un socialista quiera irse con su escaño al grupo mixto porque le resulta imposible aceptar la apuesta de su partido por la enseñanza pública, ya que esa opción está en el ideario tradicional y en el programa electoral.

El secretario general del Grupo Popular, Gabriel Cisneros, consideró que su constitucionalidad es más que dudosa. Y el PP presentó una propuesta, que triunfó, que nada tiene que ver con la posesión del escaño sino con la extensión del ya existente pacto antitransfuguista al ámbito de las comunidades autónomas.