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El HSBC certifica a la juez que uno de sus nueve clientes especiales es la familia Rato

El PSOE afirma que el ministro debió inhibirse al resolver el expediente de sanción al banco

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En noviembre de 2001, tras estallar el escándalo de Gescartera y la posible implicación del HSBC en el fraude a través de las cuentas secretas, Peter Atkins, representante legal del banco, envió a la central de Londres una relación de los clientes llamados especiales. Dichos clientes tienen un perfil y tratamiento especial, según explica el propio banco. El HSBC incluye bajo tal categoría, en aplicación de un convenio de la OCDE, a los "cargos públicos, militares, personas asociadas con cargo público que pudieran recibir fondos no claros en su procedencia, empresarios del juego y relacionados con el tráfico de armas".

La inclusión en la categoría de cliente especial suponía, según los procedimientos del banco, "mejorar la protección del HSBC frente a acciones involucradas con corrupción o con negocios que comúnmente se cree que están asociados con blanqueo de dinero".

Para ello, según el criterio interno, a estos clientes especiales se les aplica "un escrutinio muy exigente". El mismo banco aclara que su política actual es imponer filtros rigurosos antes de aceptar determinados clientes: "Es también actualmente política del grupo el disuadir [las] relaciones de banca privada con cargos públicos, excepto en aquellos casos que llevan muchos años y estamos convencidos de la legitimidad del origen de sus fondos".

El HSBC nunca fue capaz de identificar para la juez del caso Gescartera a los clientes de las 168 cuentas cifradas y, según concluyó la policía, toleró prácticas que permitieron a Gescartera estafar a sus inversores.

Los clientes especiales identificados en noviembre de 2001 por el HSBC eran los siguientes:

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Un portavoz del Ministerio de Economía destacó ayer que el hecho de ser cliente especial sólo significa que se está bajo la lupa. El mismo portavoz recordó que la familia Rato terminó de pagar el crédito en otoño pasado y que la juez Teresa Palacios ha señalado que no ve ninguna relación entre estos clientes especiales y el fraude de Gescartera.

El fiscal no lo tiene tan claro. Por ello, pidió a la juez que diese traslado a los peritos del Banco de España para que "informen si alguna de las cuentas de los clientes calificados como de categoría especial tienen alguna relación con los movimientos de dinero investigados en este procedimiento, siendo necesaria la identificación de las cuentas y movimientos de las de estos clientes", en relación no sólo con Gescartera, sino también con las 168 cuentas secretas. La juez rechazó esa petición por entender que tal calificativo es una mera denominación interna y no encuentra "base alguna que sustente la pretensión del fiscal".

Antonio Cuevas, portavoz adjunto del PSOE, saca una lectura distinta: "Esto demuestra dos cosas: que el ministro de Economía y vicepresidente primero mintió al Parlamento cuando dijo que no tenía ninguna relación con este banco. Ahora se explica que aún no sepamos quiénes son los clientes de las cuentas cifradas, porque el Banco de España no le ha ordenado al HSBC que pida al supervisor inglés los nombres de quiénes están detrás de estas cuentas".

A partir de ahí, el diputado socialista realiza el siguiente diagnóstico: "Y eso quiere decir que Rato quiere seguir protegiendo al HSBC. Sólo se le ha puesto una sanción ínfima después de una parodia de investigación; si la sanción hubiese sido grave podría haberse decretado hasta su cierre. Rato no ha hecho lo que tenía que haber hecho".

"Por último", agrega Cuevas, "Rato tenía que haberse inhibido, como último responsable de la comisión ejecutiva del servicio de prevención del blanqueo de dinero, de imponer una sanción al HSBC, ya que era cliente especial del banco. Igual que el diputado Andrés Ayala debió no intervenir en la comisión parlamentaria de Gescartera, dada su relación con los hermanos Franco".

José Folgado, secretario de Estado de Energía, ayer, en la Audiencia Nacional.
José Folgado, secretario de Estado de Energía, ayer, en la Audiencia Nacional.EFE

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