La hora de las víctimas

Vivimos tiempos guiados por un espíritu reparador. La Iglesia católica, tras siglos sin reconocer sus más notorios errores, trata de ofrecer reparación simbólica mediante súbitas muestras de arrepentimiento por las cruzadas, la conducta de algunos misioneros, su silencio ante la esclavitud o la condena inquisitorial a Galileo. Daniel Goldhagen acaba de publicar un libro en el que culpa a esta Iglesia de haber alimentado el antisemitismo y de haber mirado en otra dirección mientras los nazis perpetraban el Holocausto.

Varios países recién democratizados están promoviendo medidas destinadas a la reparación de las víctimas de las dictaduras precedentes, mientras que otros de larga tradición democrática, como Estados Unidos y Canadá, han tenido que dar satisfacción a demandas de reparación de sus poblaciones indígenas. En el caso de EE UU ya se ha procedido, además, a la indemnización de los japoneses-americanos internados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y de los negros que sobrevivieron tras ser inoculados experimentalmente con sífilis durante 20 años.

Ninguna joven democracia puede soslayar la reflexión sobre el pasado

No obstante, ese mismo país está pendiente de un caso de mucha mayor envergadura, pues en él está en juego la reparación para los descendientes de los antiguos esclavos. Dicha demanda, que hasta hace poco tiempo era sólo auspiciada por grupos como la Nación del Islam, no ha hecho más que recibir apoyos en los últimos años. Por su parte, el Gobierno británico desestimó en 2002 la demanda de indemnización presentada por un grupo de rastafaris jamaicanos que también solicitaban reparaciones económicas por la esclavitud sufrida por sus ancestros. El principal argumento que subyace a estas peticiones, que a muchos parecen extemporáneas, es que se puede establecer una relación causal entre la marginación que hoy sufren determinadas poblaciones y la esclavitud a que éstas fueron sometidas hace tiempo.

El Gobierno alemán ha destinado más de 60.000 millones de dólares a las víctimas del Holocausto nazi. Éste es, sin duda, el mayor esfuerzo reparador que se ha realizado hasta hoy, si bien parece que no todos los posibles receptores han obtenido iguales compensaciones. Los descendientes de las más de 600.000 víctimas del pueblo gitano siempre se han quejado de haber recibido menos indemnizaciones.

La casuística es infinita y la plausibilidad de las demandas varía mucho. Con todo, la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, la declaración de determinados crímenes como imprescriptibles, la movilización protagonizada por organismos internacionales y asociaciones nacionales para impedir la impunidad de los verdugos y rehabilitar a las víctimas, son pruebas elocuentes de este nuevo clima. Ninguna joven democracia podrá ya instaurarse sin plantearse qué hacer con las atrocidades perpetradas por el régimen precedente. Aunque los gobernantes decidan conceder una amnistía general, la reflexión en torno al pasado es ahora insoslayable y ninguna medida de gracia podrá garantizar ni su irrevocabilidad futura ni el silencio de las organizaciones forjadas en torno a las víctimas. De hecho, en 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró un estudio sobre "El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales", donde se dice que las víctimas tienen el derecho a demandar reparaciones, y los países, la obligación de proceder a su restitución, compensación y rehabilitación, así como a garantizar la no repetición de las atrocidades.

Muchos de los informes de las Comisiones de la Verdad que se han creado hasta la fecha contienen recomendaciones acerca de la necesaria reparación, tanto económica como moral, de las víctimas. El éxito de estas medidas, sobre todo de las de carácter pecuniario, depende de la voluntad de las autoridades, de los recursos organizativos de los demandantes, de lo saneadas que estén las arcas del Estado y del número de víctimas a que se deba resarcir. Una combinación de estos factores explica que la restitución haya sido mucho más eficaz en Chile y Argentina que en Haití y El Salvador.

La ironía de las demandas de reparación, sobre todo de las monetarias, es que recaen sobre Estados ya democratizados que se ven, sin embargo, forzados a asumir el coste de crímenes ajenos. Con todo, cuando las víctimas se encuentran en una situación de extrema necesidad, derivada, precisamente, de su condición de tales (asesinato del cabeza de familia, heridas incurables como consecuencia de torturas, expolio de propiedades), hay que hacer lo imposible por ofrecerles una forma de vida digna. Por otra parte, lo que resulta del todo incomprensible es que, en ocasiones, ni siquiera se adopten medidas de reparación simbólica, cuyo coste es mucho menor y que, sin embargo, pueden proporcionar gran alivio a las víctimas y contribuir a su reintegración social.

A nadie se le escapa lo inapropiadas que pueden resultar expresiones como "reparación" o "restitución" cuando se trata de pérdidas irreparables o de situaciones irrestituibles. Mientras que algunas asociaciones de víctimas inciden en la reparación económica, otras, como un pequeño grupo argentino, consideran una indecencia cobrar una pensión por sus familiares asesinados y sostienen que el Estado trata de silenciar sus demandas de justicia con dinero. No obstante, la gran mayoría de los allegados de las víctimas piensa que una compensación económica equivale a un reconocimiento moral y contribuye a la dignificación oficial de las víctimas.

Resulta muy difícil pronunciarse sobre la pertinencia de algunas de las demandas reparadoras aquí mencionadas, dado que, en ocasiones, se trata de violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar hace más de dos siglos. Como la historia de la humanidad está repleta de violencia y abusos de poder, si todos los que se consideran descendientes de víctimas históricas demandaran medidas reparadoras la cuestión podría adquirir dimensiones grotescas. En otros casos, sin embargo, resulta más sencillo establecer responsabilidades o entender la necesidad de ofrecer algún tipo de reparación.

En España, por ejemplo, desde la transición se han aprobado distintas medidas que aspiran a reparar, aunque de forma tardía e imperfecta, la situación de los mutilados, los ex combatientes, las viudas y los huérfanos del bando republicano. Después llegaron algunas disposiciones destinadas a las víctimas, no ya de la guerra, sino del franquismo. En el debate parlamentario del 20-11-2002 se reconoció la existencia de lagunas en términos de reparación, por lo que se aprobó el "reconocimiento moral" de las víctimas de la contienda y de quienes sufrieron la represión franquista, y la "acción protectora económica y social" de los exiliados y de los niños de la guerra. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sostiene, sin embargo, que aún no se han adoptado las medidas necesarias para hacer realidad lo que entonces se acordó.

Paloma Aguilar Fernández es profesora de Ciencia Política en la UNED. Editora, junto con Alexandra Barahona de Brito y Carmen González Enríquez, del libro Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Istmo, Madrid, 2002.