El Gobierno aparca la ley de radio y televisión por "oportunidad política"

El Gobierno pretende aparcar definitivamente el anteproyecto de Ley General de la Radio y la Televisión por motivos de "oportunidad política" y regular los aspectos más urgentes a través de enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones (que inicia su tramitación en el Senado) o de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha conseguido el compromiso del Gobierno para introducir a través de estos mecanismos parte de las medidas reclamadas desde el sector audiovisual.

Una reunión que el pasado martes mantuvo Piqué con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, ha sido la clave del futuro de la nueva ley de radio y televisión. El ministro de Ciencia y Tecnología no consiguió que Rajoy antepusiera los argumentos técnicos y de mercado -que en su opinión aconsejan sacar adelante el anteproyecto de ley- a los políticos.

Después de un puñado de borradores, Piqué logró completar un anteproyecto de ley descafeinado (dejaba fuera el espinoso asunto de la reforma de RTVE ante las reticencias de los ministerios de Economía y Hacienda) que fue remitido la semana pasada a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Pero no ha podido sortear a Rajoy. Responsables técnicos de ambos departamentos ministeriales celebraron ayer una reunión para determinar las cuestiones que deberán ser afrontadas en esta legislatura y salvar así parte de la ley.

Algunos de los aspectos más urgentes para la reforma del sector audiovisual se incluirán durante la tramitación parlamentaria de la Ley General de Telecomunicaciones. Este texto, aprobado la semana pasada por el pleno del Congreso, inicia ahora el camino en el Senado. Otros se perfilarían a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Esta fórmula ha sido empleada abundantemente por el Ejecutivo de Aznar para parchear el sector. "Si al final se puede establecer [la reforma audiovisual] de ese modo, yo me sentiría ya satisfecho", aseguró ayer Piqué.

A falta de un marco general para la radio y la televisión, con el que Ciencia y Tecnología pretendía poner orden en la laberíntica normativa de leyes y reglamentos, el Gobierno abordará en esta legislatura reformas encaminadas a flexibilizar el régimen de incompatibilidades accionariales. A través de la Ley de Acompañamiento, el Gobierno prohibió que los propietarios de una cadena de ámbito estatal pudieran estar presentes simultáneamente en televisiones autonómicas y locales. En numerosas ocasiones, Piqué se ha mostrado partidario de suavizar esta restricción y, según fuentes de su departamento, ha conseguido el compromiso del Gobierno para llevar a cabo esa modificación a lo largo de esta legislatura.

Asimismo, se prevén cambios en la normativa actual para permitir que las televisiones locales puedan emitir en cadena con ciertas limitaciones. El anteproyecto de ley establecía restricciones horarias, de modo que entre las 13.00 y las 16.00 y de 20.00 a 23.00 las emisoras locales deberían difundir programas autónomos (informativos propios o contenidos relacionados con su ámbito de cobertura).

Canal 9

El Gobierno también cambiará la Ley del Tercer Canal para permitir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas. El objetivo es abrir la puerta a la privatización de determinadas parcelas de las televisiones tuteladas por las comunidades autónomas. El ente público valenciano (RTVV) ha puesto ya en marcha esta posibilidad mediante la convocatoria de concursos para dejar en manos de la iniciativa privada la gestión de la programación, los informativos o la publicidad de Canal 9.

Otros aspectos, como el Plan Técnico Nacional de radio y televisión podrían ponerse en marcha mediante un real decreto. El Gobierno considera necesario fijar las bases para la progresiva digitalización de la emisiones de televisión y acelerar en lo posible la implantación de la televisión digital terrestre (TDT). Piqué fijó para enero de 2012 el apagón analógico, que obligará a todas las cadenas (públicas y privadas) a emitir en sistema digital. Eso acarreará la renovación del parque de televisores o la incorporación de descodificadores para captar las señales.

Quedará también pendiente la creación del Consejo de Medios Audiovisuales, organismo de control del sector previsto en el anteproyecto y cuya constitución está en el aire. El Gobierno planea igualmente la modificación del Plan Info XXI, el pilar en el que se apoya la sociedad de la información.