Atutxa se enfrentará a un proceso penal si en cinco días no disuelve al grupo de Batasuna

El Tribunal Supremo dirigió ayer un ultimátum al Parlamento vasco en términos claros, concisos y contundentes: o disuelve al Grupo Parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA), continuador de Batasuna, en un plazo máximo de cinco días o el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y los integrantes de la Mesa que no hayan apoyado la disolución serán procesados por delito de desobediencia. La providencia fue anticipada por fax a la Cámara vasca, mientras ésta hacía público un informe contrario a la disolución sin la previa reforma de su Reglamento.

La providencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo señala que 15 días después de dictarse el auto que ordenaba disolver "sin demora" al Grupo Parlamentario de SA, el alto tribunal no ha recibido noticias del Parlamento vasco y sigue sin tener conocimiento de por qué no se está ejecutando su mandato. En consecuencia, el Supremo "requiere" al presidente, Juan María Atutxa, y a la Mesa de la Cámara para que en un plazo máximo de cinco días procedan a la disolución de SA.

El "requerimiento" va acompañado del "apercibimiento" de que transcurrido dicho plazo sin que el Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak haya sido disuelto, se "procederá judicialmente" contra Atutxa y los integrantes de la Mesa que hayan votado contra la disolución.

En este último supuesto, la Sala Especial remitirá el asunto al fiscal general del Estado para que inicie el proceso penal por delito de desobediencia, previsto en el artículo 410 del Código Penal y penado con multa de tres a 12 meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. La Sala Especial no puede iniciar un proceso penal por carecer de ese tipo de competencias, pero puede instar directamente la actuación del Ministerio Fiscal remitiendo los antecedentes al fiscal general del Estado.

La Sala Especial remitió ayer mismo por fax su resolución al Parlamento vasco, aunque el plazo de cinco días no empezará a correr hasta que la Cámara reciba la providencia oficialmente por correo ordinario, lo que está previsto que ocurra antes del próximo sábado. Por ello, el ultimátum concluirá hacia el viernes de la próxima semana.

De tener que procederse penalmente contra Atutxa y la Mesa de Vitoria, la jurisdicción competente es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con sede en Bilbao (Vizcaya). Una eventual querella contra Atutxa iría firmada previsiblemente por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, aunque de su tramitación se encargaría posteriormente la fiscal jefe del Tribunal Superior Vasco, María Ángeles Montes, antigua teniente fiscal o número 2 de Cardenal y que sintoniza con éste a la perfección.

Durante la reunión de ayer, la Sala Especial del Supremo acordó también dar traslado al Ministerio Fiscal de una denuncia del sindicato de funcionarios Manos Limpias contra Atutxa para que elabore un informe sobre la competencia de esta Sala, según fuentes del alto tribunal.

Las mismas fuentes indicaron que el informe del fiscal es un trámite formal y necesario, aunque el destino de la denuncia de Manos Limpias será el archivo, dado que la Sala Especial no es competente para investigar ni procesar al presidente del Parlamento vasco ni a los miembros de la Mesa.

Los magistrados de la Sala Especial estudiaron también un informe de la Subsecretaría del Ministerio del Interior sobre la denegación de la inscripción en el Registro de Partidos Políticos a una decena de formaciones que se estiman relacionadas con Batasuna.

El Tribunal Supremo acordó la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak al apreciar que "no es sino un artificio más encaminado a obstaculizar los efectos de la ilegalización de Batasuna", según el auto dictado el pasado 20 de mayo. Para el Supremo, la disolución de Batasuna "conlleva también la disolución del grupo parlamentario y el cese de las actividades" de Sozialista Abertzaleak.