PNV y EA rechazan en la Junta la disolución del grupo sucesor de Batasuna

A pesar de que los dos socios nacionalistas del Gobierno vasco apoyaron ayer la propuesta del presidente del Parlamento autonómico, Juan María Atutxa, para disolver a Sozialista Abertzaleak -una reforma del estatuto que establece el pase al Grupo Mixto de los parlamentarios de un partido disuelto por decisión judicial firme-, PNV y EA han bloqueado hoy la decisión en la Junta de Portavoces, en la que han votado contra la disolución ordenada por el Supremo. IU-EB no asiste a la renunión para denunciar el "montaje" de nacionalistas y populares.

Como ya anunciaron ayer, los representantes de PNV y EA en la Junta de Portavoces, que hoy debía ratificar la decisión adoptada ayer por la Mesa, Joseba Egibar y Rafael Larreina (representantes de PNV y EA) han votado junto al representante de SA, Anttón Morcillo, en contra de la reforma reglamentaria, por lo que los votos favorables de Leopoldo Barreda (PP) y Rodolfo Ares (PSE) han quedado en minoría y la disolución del grupo parlamentario de SA ha quedado de nuevo bloqueada. El representante de IU/EB no ha asistido a la reunión para denunciar el "montaje" que, a su juicio, llevan a cabo tanto populares como nacionalistas. La reunión de la Junta ha durado apenas media hora.

El Parlamento vasco desafía pues, de nuevo, la orden del Supremo de disolver al grupo heredero de Batasuna. Tras varias semanas de pulso, en el que el Parlamento se ha negado obstinadamente a cumplir la sentencia por la que se ilegalizó a Batasuna, el Supremo dio hace dos días un ultimátum al presidente Atutxa en el que le daba cinco días de plazo para llevar a cabo la disolución.

Negativa a la decisión de la Mesa

Ayer, la disolución de SA parecía encarrilada cuando Atutxa logró que la Mesa aprobara una propuesta de resolución para añadir al Reglamento de la Cámara -que no prevé la disolución de un grupo- un anexo en el que se establecía, sin aludir a SA, que los parlamentarios de un partido disuelto por la justicia debían pasar al Grupo Mixto. Es el mismo camino que se emprendió en el Parlamento navarro para disolver el grupo de Batasuna. Pero ya ayer, los representantes de PNV y EA anunciaron su voto en contra de la reforma reglamentaria. Por tanto, la decisión de la Mesa no ha encontrado la ratificación en la Junta.

Según declaró ayer Atutxa, hay que diferenciar entre una decisión institucional -el voto favorable en la Mesa-, del político -la negativa en la Junta. Además, en su pulso con el Supremo, Atutxa queda salvado, ya que habrá cumplido con su obligación de arbitrar un mecanismo para llevar a cabo la disolución. Atuxa comunicará al Supremo que no le ha sido posible ejecutar su orden. Ahora, el Supremo esperará a que concluyan los cinco días de plazo, que aún no han empezado a contar porque no ha llegado el ultimátum a Vitoria, y si no se ha ejecutado la disolución, se lo comunicará al fiscal para que inicie un proceso contra los responsables de esta desobediencia judicial, según han explicado fuentes del Tribunal. El Reglamento de la Cámara vasca concede inmunidad a los parlamentarios por las oponiones o votos que emitan en ejercicio de su cargo.

Argucias para contravenir al Supremo

Antes de que se produjera la votación, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a la actitud de los nacionalistas y ha denunciado la nueva "argucia" de Atutxa y ha advertido de que el Parlamento vasco y su presidente "se situarán fuera de la ley", podrán cometer delito de desobediencia y amenazarán con un "conflicto institucional de gravísimas proporciones" si no disuelven el grupo de Batasuna. Rajoy lamenta que la Cámara vasca haya hecho "lo posible, lo imposible, lo legal y lo ilegal para defender la existencia de Batasuna contraviniendo" la orden del Supremo.

Ante la previsible negativa de la Junta a disolver el grupo de SA, Rajoy ha recordado que son los tribunales los que tienen que decidir cuál será el siguiente paso, pero ha adelantado que cree que se estaría ante "un claro delito de desobediencia" de una resolución judicial, por lo que habría que dar cuenta de ello al Ministerio Fiscal.