_
_
_
_

El Parlamento vasco desafía de nuevo al Supremo y rechaza su orden de disolver el grupo de Batasuna

El parlamentario de EA Gorka Knörr afirma que el Alto Tribunal "está actuando en un área fuera de su competencia"

El Parlamento vasco no acatará el auto del Tribunal Supremo que anuló los cinco acuerdos adoptados por la institución que preside Juan María Atutxa para evitar la disolución del grupo sucesor de Batasuna en la Cámara, Sozialista Abertzaleak. La Mesa de la Cámara ha decidido presentar un incidente de nulidad al considerar que el Alto Tribunal no puede anular sus acuerdos.

Más información
Atutxa busca el modo de volver a pagar a Batasuna la subvención retirada en junio
El Supremo debate mañana si actúa contra Atutxa por no disolver el grupo de Batasuna
Los nacionalistas vascos desobedecen la orden del Supremo de disolver Batasuna
Atutxa se enfrentará a un proceso penal si en cinco días no disuelve al grupo de Batasuna
Atutxa lleva al Constitucional el auto que obligaba a disolver el grupo de Batasuna

De este modo, el tripartito formado por PNV, EA e IU, mantiene su pulso con el Supremo y permite que el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak siga funcionando como tal. La presentación del incidente de nulidad ha sido aprobada con los votos del presidente Juan María Atutxa (PNV), el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA) y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (EB/IU). El vicepresidente segundo, Carmelo Barrio (PP), y el secretario primero, Manuel Huertas (PSE-EE), han votado en contra.

En un comunicado difundido esta tarde, la Mesa del Parlamento "considera que esta instancia judicial (el Supremo) es manifiestamente incompetente para tomar esta decisión, denuncia la indefensión que padecen los órganos afectados por el auto, considera contraria a la jurisprudencia y la doctrina constitucional el fundamento del mismo y recuerda que son los órganos parlamentarios los legalmente legitimados para detectar y subsanar las lagunas jurídicas que presente el Reglamento de la Cámara". La Mesa recuerda además que ya planteó un incidente de este tipo el pasado 30 de junio.

Un pulso de varios meses

En mayo del presente año, el Tribunal Supremo notificó al Parlamento vasco su decisión de disolver "de manera inmediata" al grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA), por ser sucesor del grupo de la ilegalizada Batasuna. La orden, sin embargo, no se cumplió. Los representantes del PNV y EA, con el apoyo del voto de calidad de Juan María Atutxa en la Mesa del Parlamento, aprobaron un acuerdo el 5 de junio en el que se aseguraba que una laguna jurídica impedía a la Cámara acatar la orden judicial.

Posteriormente, el propio Atutxa, en calidad de presidente del Parlamento, dictó un oficio por el que se declaraba incompetente para forzar la disolución de SA. La Mesa aprobó un nuevo acuerdo apoyando la postura de Atutxa y, más tarde, reconoció el derecho del grupo de Sozialista Abertzaleak a recibir subvenciones.

Ya en octubre, el día 1, el Tribunal Supremo anuló en un nuevo auto los acuerdos del Parlamento vasco que impidieron en su momento la disolución del grupo sucesor de Batasuna, pero la decisión judicial no se tradujo en hechos prácticos. Durante las últimas sesiones del pleno, Juan María Atutxa ha permitido que los parlamentarios de SA intervengan con normalidad en los debates representando al grupo cuya disolución ordena el Supremo.

Sin insultos en el Parlamento

La Mesa de la Cámara vasca también ha decidido hoy hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios para que eliminen los insultos de sus intervenciones en el Pleno del Parlamento. Este toque de atención responde a un escrito de protesta presentado por el PP después de que en una sesión plenaria la parlamentaria de SA Jone Goirizelaia insultara al parlamentario popular Carlos Urquijo. El PP solicitó también sanciones para la diputada de SA y para el propio Juan María Atutxa, por no tomar medidas sufientes durante el Pleno. En aquella sesión, Urquijo acusó a Goiricelaia de "pertenencia a ETA" y la diputada de SA le respondión llamándole "torturador y fascista".

En su respuesta, la Mesa recuerda que los dos diputados se "imputaron mutuamente delitos penales sin que exista sentencia judicial alguna" y asegura que los insultos son negativos para la vida parlamentaria.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_