El Supremo debate mañana si actúa contra Atutxa por no disolver el grupo de Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, ha convocado para las 12.30 de mañana a la Sala Especial del Tribunal Supremo para estudiar la situación creada por el incumplimiento por parte de la Mesa del Parlamento vasco a disolver "sin demora" al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Según fuentes de la Sala, algunos magistrados son partidarios de iniciar directamente acciones por delito de desobediencia contra el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, aunque otros preferirían pedir antes opinión al fiscal y al abogado del Estado.

Según las fuentes consultadas, la Sala no tiene información del Parlamento vasco ni ha recibido ninguna comunicación del Ministerio Fiscal ni de la Abogacía del Estado, aunque en la Sala Especial ha tenido entrada un escrito de la asociación Manos Limpias y otro, al parecer, de la defensa de Batasuna. En cualquier caso, la convocatoria se produce sin que el Parlamento vasco haya atendido la orden tajante del Tribunal Supremo de que "por la Mesa de la Cámara, sin demora, se lleve a efecto la disolución del citado grupo parlamentario que ha sido acordada".

El auto del Tribunal Supremo ordenando la disolución lleva fecha de 20 de mayo, si bien fue notificado el día 21. Desde entonces, ha transcurrido más de una semana, en la que la Cámara de Vitoria tan sólo ha decidido pedir un informe a sus servicios jurídicos. Precisamente, esos servicios jurídicos se reunieron ayer para trabajar en el informe sobre la disolución del antiguo grupo de Batasuna, pero el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, opinó que este documento no estará listo para hoy, cuando reuna de nuevo la Mesa.

Así las cosas, alguno de los magistrados de la Sala Especial se mostraba partidario ayer de actuar contra Atutxa y los miembros de la Mesa que propiciaron el acuerdo, por delito de desobediencia. Según estas fuentes, el Supremo no tiene ningún impedimento para hacer ejecutar sus propias decisiones sin pedir opiniones ni pareceres a las partes. En esa línea, podría sin más trámites dirigir un "ultimátum feroz" a la Mesa del Parlamento vasco e incluso instar al Ministerio Fiscal a que procediese ya, por delito de desobediencia, contra Atutxa y los demás miembros de la Mesa que no han ejecutado el auto del Supremo.

La amenaza de Atutxa de presentar su dimisión como presidente del Parlamento no sería obstáculo para su eventual procesamiento por desobediencia, según las fuentes consultadas.

La desobediencia de las autoridades a dar cumplimiento a los mandatos judiciales está contemplada en el artículo 410 del Código Penal: "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".

Preguntar a las partes

Otra fuente del Supremo se inclinó por pedir opinión al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado antes de proceder contra la Mesa del Parlamento. Estas fuentes consideraron "prematuro" proceder ya contra los integrantes de la Mesa que propiciaron dilatar la aplicación de la orden del Supremo.

La convocatoria de Hernando se produce después de que el ministro del Interior, Ángel Acebes, calificase ayer de "auténtica indignidad" la negativa del Parlamento vasco a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo para disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, integrado por diputados de la ilegalizada Batasuna.

Acebes afirmó que "el Código Penal tiene una figura delictiva aplicable a todos aquellos que desobedecen de manera clara, manifiesta y dolosa las resoluciones de jueces y tribunales", y agregó: "Aquéllos que las desobedecen sin ningún motivo pueden incurrir en un delito de desobediencia".

Por lo tanto, Acebes consideró "una auténtica indignidad" que no se haya ejecutado el auto del Supremo, ya que "el cumplimiento de la ley afecta a todos los poderes públicos de manera inexcusable".

"Que se esté dilatando y poniendo todo tipo de excusas para no cumplir esa resolución" es "gravísimo", añadió el ministro, que calificó como "indigna" la actuación de algunos integrantes de la Cámara vasca.