El Supremo avisa a Atutxa de que le procesará por desobediencia si no disuelve el grupo de Batasuna

La Sala Especial del Tribunal Supremo ha dado hoy un plazo de cinco días al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y al resto de la Mesa de la Cámara para que haga efectiva la disolución del grupo Socialista Abertzaleak. De no hacerlo, el alto tribunal procederá judicialmente contra ellos por desobediencia, un delito castigado con multas y penas de inhabilitación para cargo público de entre seis meses y dos años. El Supremo ha adoptado esta decisión al no haber recibido después de 15 días ninguna comunicación del Parlamento vasco sobre la disolución del grupo, acordada el pasado 21 de mayo.

La providencia ha sido remitida hoy por fax a la Cámara vasca, pero el plazo no empezará a contar hasta que llegue una copia por correo ordinario. Así, la Mesa dispondrá hasta finales de la semana que viene para cumplir la orden del Supremo. En caso de no hacerlo, el Supremo comunicaría esta falta de respuesta al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, para que presentara la denuncia correspondiente.

"Jamás de los jamases"

El pasado 27 de mayo, PNV y Eusko Alkartasunalograron, gracias al voto de calidad del peneuvista Juan María Atutxa, que la Mesa de la Cámara retrasase de nuevo su decisión sobre la disolución del grupo parlamentario con el argumento de solicitar un nuevo informe a sus servicios jurídicos. La decisión necesitó el voto de calidad de Atutxa, ya que IU se desmarcó y apostó por interponer un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Constitucional por estimar que el Supremo ha invadido competencias del Legislativo autónomo.

Atutxa ha convocado una reunión extraordinaria de la Mesa para analizar mañana el informe. El estudio recomienda la reforma del reglamento de la Cámara como mejor vía para cumplir la sentencia, cuya obligatoriedad nunca pone en duda. El presidente del Parlamento reiteró ayer que "jamás de los jamases" ha albergado "ni un ápice de intención de desobediencia".

Complicado antes de septiembre

Sin embargo, aunque mañana se comience el proceso detallado en el informe, será complicado que el grupo parlamentario esté disuelto antes del fin del presente período de sesiones, de forma que el asunto quedará pendiente para septiembre, salvo que Atutxa decida habilitar el mes de julio.

Existen precedentes de los dos procedimientos que los letrados de la Cámara dan por buenos: la reforma del reglamento la utilizó el Ayuntamiento de Vitoria, mientras la resolución de la presidencia fue la vía usada por el Parlamento Foral navarro. Será la mayoría de la Mesa, es decir, los tres grupos que integran el Gobierno vasco, quien decida.

Los dos grupos nacionalistas, PNV y EA, ya expresaron su preferencia por la vía de la reforma reglamentaria, que les permite llevar el tema a un pleno, en el que, en votación secreta, tal reforma podría ser rechazada, o incluso no ser siquiera tomada en consideración, sin que se pudiera imputar por desobediencia a parlamentarios individuales ni a miembros de la Mesa o al propio presidente. IU se ha inclinado por la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero PNV y EA pueden sacar adelante su parecer con el voto de calidad del presidente, como ya hicieron la semana pasada con el informe.