El PNV y EA retrasan de nuevo la disolución del grupo parlamentario de Batasuna

El PNV y Eusko Alkartasuna (EA) lograron ayer, gracias al voto de calidad del presidente del Parlamento vasco, el peneuvista Juan María Atutxa, que la Mesa de la Cámara retrasase de nuevo su decisión sobre la disolución del grupo de Batasuna, ordenada por el Tribunal Supremo, con el argumento de solicitar un nuevo informe a sus servicios jurídicos. La decisión necesitó el voto de calidad de Atutxa, ya que IU se desmarcó y apostó por interponer un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Constitucional por estimar que el Supremo ha invadido competencias del Legislativo autónomo

La Mesa está integrada por Atutxa y un representante cada uno de los grupos de EA, Izquierda Unida, el PSE y el PP, por lo que la decisión de la federación de izquierdas obligó al presidente de la Cámara a ejercer su voto de calidad.

Kontxi Bilbao, portavoz de IU y secretaria segunda de la Mesa, explicó que su grupo desea evitar que se ponga "al borde del abismo a las instituciones". IU registró ayer una proposición no de ley instando al Gobierno vasco a presentar el conflicto.

Atutxa tiene sobre su mesa un mandato del Supremo para que la Mesa de la Cámara disuelva "sin demora" el grupo de la antigua Batasuna (formalmente llamado Sozialista Abertzaleak) y se arriesga a una actuación judicial en su contra. Los servicios de la presidencia del Parlamento señalaron que el informe puede tardar en estar terminado más de una semana, en cuyo caso tampoco en la reunión de la Mesa del martes próximo habría un pronunciamiento definitivo.

Los representantes del Partido Popular y el PSE, Carmelo Barrio (vicepresidente segundo del Legislativo) y Manuel Huertas (secretario primero), respectivamente, pidieron que se cumpla la orden del Supremo sin más dilación. Barrio exigió que ayer mismo se tomasen las medidas administrativas necesarias para ello y, tras la votación que decidió pedir el informe jurídico, dijo que el PNV y Eusko Alkartasuna han instalado a la Mesa de la Cámara "en el incumplimiento gravísimo y la maniobra dilatoria sin justificación, en una burla al Estado de derecho". Agregó que los jueces deben ahora analizar el incumplimiento de su mandato. "Habrá que estar a las repercusiones de este incumplimiento", dijo, y "me parecerá bien que tomen medidas. Lo que decidan lo defenderemos a capa y espada".

Manuel Huertas destacó que el presidente de la Cámara tiene una comunicación que le insta de manera "directa, específica y personalizada" a disolver sin demora al grupo de Batasuna. El PSE se sumó en su día a la petición de explicaciones al Tribunal Supremo, pero tras su respuesta estima que "no ha lugar a ningún género de dudas".

El Reglamento de la Cámara no prevé una situación de este tipo, admitió, pero Huertas apuntó a su artículo 24.2 como un instrumento adecuado. Dicho artículo dice que "corresponde al presidente en los casos de vacío reglamentario dictar resolución de carácter general, debiendo tener el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces". Huertas precisó que ha habido 15 resoluciones de ese tipo en el Parlamento vasco. "No hay que discurrir mucho, y menos si ya lo ha hecho otra Cámara", dijo, en referencia a la de Navarra.

Huertas recordó que el Supremo instó a cumplir su mandato "sin demora" y advirtió de que "pedir un informe jurídico supone una demora".

El vicepresidente primero de la Cámara, Gorka Knörr (EA), justificó la petición del informe en el deseo de conocer qué habría que hacer si se revela necesario, como sostienen los nacionalistas, modificar el Reglamento para, "en su caso, intentar cumplir la sentencia". Agregó que se trata de aclarar también cómo proceder ante el planteamiento de los socialistas, que piden que la disolución se cumpla mediante una resolución general de Atutxa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces y de la Mesa. "A tenor del informe, procederemos", dijo. Atutxa no hizo declaraciones.

El portavoz del Gobierno autónomo, Josu Jon Imaz, aseguró que el Ejecutivo espera que la Mesa del Parlamento decida "con absoluta libertad y sin injerencias", y expresó su respaldo a Atutxa.

La Mesa del Parlamento decidió también tramitar una proposición del grupo de la ilegalizada Batasuna para elaborar una ley vasca de partidos, pese a que un dictamen de los servicios jurídicos estima que la materia queda fuera del ámbito competencial de la comunidad autónoma.