El presidente del Supremo avisa de que las sentencias hay que cumplirlas

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, recordó ayer al Parlamento vasco que "las disposiciones judiciales deben ser cumplidas, porque es lo que manda la Constitución", en referencia a la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), sucesor de Batasuna, acordada la semana pasada por el alto tribunal. Ayer, la Mesa de dicho Parlamento autonómico no procedió a su disolución y acordó encargar un informe jurídico para concretar cómo actuará.

Hernando añadió que esperará a conocer las razones y el contenido del citado informe jurídico, y apuntó que, de negarse a cumplir la resolución, el Parlamento vasco podría incurrir en un delito de desobediencia.

La Asociación Profesional de la Magistratura se pronunció en el mismo sentido al estimar que la Cámara vasca "tiene que someterse" a la decisión del Supremo. Su portavoz, José Manuel Suárez Robledano, dijo a Efe que no existe un "motivo jurídico que legitime o avale" las decisiones de no cumplir una decisión del Supremo. Si no cumple, añadió, el siguiente paso sería un procedimiento penal contra los responsables. Jueces para la Democracia no quiso opinar, porque "entendemos que no es competencia nuestra", dijo un portavoz.

La Asociación Francisco de Vitoria, a través de Joaquín González Caso, indicó por su lado que habrá que esperar a que se elabore ese informe jurídico y que en el caso de que no se cumpla con la decisión del Supremo "podríamos estar ante una desobediencia", lo que en su opinión sería un hecho de "mucha gravedad". Añadió asimismo que en el supuesto de que no se acate la decisión del Supremo, el siguiente paso sería interponer una "querella o demanda" contra los que se niegan a cumplir la resolución.

Las asociaciones de fiscales no quisieron opinar, por considerar que se trata de un proceso aún abierto.