El PNV se niega a aplicar la orden del Supremo de que se disuelva el grupo heredero de Batasuna

El presidente de la ejecutiva del PNV, Xabier Arzalluz, hizo ayer un llamamiento a la desobediencia a la orden de la Sala Especial del Tribunal Supremo para que se disuelva el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, por considerarlo una prolongación de la disuelta Batasuna. El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, declaró que dimitirá antes de aplicar la orden.

"Nos opondremos a su cumplimiento", dijo Arzalluz, quien consideró la orden "un abuso de poder" y un atentado a la inviolabilidad del Parlamento. El ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diputado del PNV en Vitoria, Emilio Olabarria, invocó tres sentencias del Tribunal Constitucional, de 1990, 1994 y 2002, que a su juicio contradicen el auto del Supremo. El auto "raya en la prevaricación", aseguró, "por intromisión" en el espacio legislativo.

Acebes: "Las resoluciones judiciales se ejecutan, no se discuten en el Parlamento"

Carmelo Barrio: "Lo indigno es que los terroristas se atrincheren en la Cámara"

Atutxa: "Prefiero dimitir antes que hacer dejación de la dignidad y legitimidad del Parlamento"

Atutxa declaró que dimitirá antes que tener que cumplir una orden en unos términos que considera atentatorios contra la "legitimidad y la dignidad" de la Cámara. También anunció que la Mesa tratará el tema el próximo martes.

La decisión se producirá, probablemente, fuera de la presión de la campaña electoral, que, a juicio de los partidos constitucionalistas, ha sido determinante en la posición de resistencia adoptada. Una decisión más matizada, afirman, habría incidido negativamente en la estrategia de la coalición nacionalista PNV-EA, que pasa por atraer con su postura de fuerza el voto de la ilegalizada Batasuna.

"Voy a mantener hasta el final una defensa a ultranza de la dignidad de esta institución", dijo Atutxa, tras asegurar que la resolución del Supremo "no respeta la división de poderes" y anunciar: "Antes que hacer dejación de mi obligación de defensa de la legitimidad y dignidad del Parlamento, prefiero suscribir mi dimisión como parlamentario y como presidente".

Atutxa dejó expresa su intención de "involucrar a todo el Parlamento" e insistió en que la medida exige una modificación del reglamento, como también debieron hacer los ayuntamientos de Vitoria y Pamplona y el Parlamento navarro para disolver los respectivos grupos de los radicales.

Tanto el PP como el PSE-EE reclamaron ayer, en la Junta de Portavoces, el cumplimiento inmediato de las instrucciones del Supremo. Entienden que una resolución de la presidencia de la Cámara bastaría para llenar la laguna reglamentaria. Atutxa opinó, por contra, que no es el instrumento adecuado y lo tildó de "chapuza": "No nos encontramos ante una laguna, sino ante un océano, ya que se altera de cuajo nuestro reglamento", dijo. La decisión del pleno, con el añadido de la votación secreta, impediría actuaciones legales por desobediencia contra los miembros de la Mesa o parlamentarios que se opongan.

Los servicios de la presidencia del Parlamento vasco insisten en que el Supremo está obligando a la Cámara no sólo a legislar por orden judicial, sino a hacerlo en un sentido concreto, el que conduzca a la disolución del grupo en cuestión.

El portavoz del PP y vicepresidente de la Mesa, Carmelo Barrio, tachó de "absolutamente falsa" la necesidad de modificar el reglamento y acusó a Atutxa de desacreditar la Cámara al enfrentarla con el poder judicial: "Lo indigno es que los terroristas se atrincheren en una Cámara democrática", dijo Barrio, quien estimó que el Parlamento se está convirtiendo "en un instrumento de la confrontación que busca el 'plan Ibarretxe' con las instituciones del Estado".

También el ministro del Interior, Ángel Acebes, declaró que "no hay excusas" para no disolver el grupo, porque las resoluciones judiciales "se ejecutan, no se discuten en el Parlamento". El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, dijo que la resolución debe cumplirse "y si no, tendrán que aplicarse los mecanismos del Estado de derecho para conseguirlo".

El socialista Rodolfo Ares, cuyo grupo se mostró la semana pasada de acuerdo en la necesidad de modificar por ley el reglamento de la Cámara, pidió ayer a Juan María Atutxa la "máxima rapidez", con o sin modificación del reglamento, en el cumplimiento de la decisión judicial y le llamó a no buscar "subterfugios ni excusas" para no hacerlo.

Las consecuencias prácticas de la disolución son muy limitadas. Los parlamentarios de Sozialista Abertzaleak pasarán al Grupo Mixto, podrán seguir usando su nombre actual y sólo perderán un tercio de los ingresos.

[Arzalluz ha remitido una denuncia ante el presidente del CGPJ porque la toma en consideración de la denuncia interpuesta por una particular en la que se le hace responsable último de la emisión del mensaje de tres etarras por Euskal Telebista le provoca una "evidente perjuicio" y tiene una "evidente intencionalidad maliciosa"].