El informe del Parlamento vasco abre una vía para obedecer al Supremo

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), ha convocado una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara para mañana. En ella se analizará el informe de los servicios jurídicos sobre el requerimiento del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna. El dictamen recomienda como mejor vía para cumplir la sentencia la reforma del reglamento de la Cámara.

Atutxa puso de relieve su diligencia en adelantar la reunión, prevista de modo ordinario para el día 10, como mejor demostración de que los retrasos habidos hasta ahora no suponen "un corte de mangas a la Justicia". Atutxa hizo esta convocatoria tras conocerse que el Tribunal Supremo se reunirá hoy para estudiar la falta de respuesta del Parlamento vasco al mandato, el 21 de mayo pasado, de disolver "sin demora" el grupo Sozialista Abertzaleak. Atutxa reiteró que "jamás de los jamases" ha albergado "ni un ápice de intención de desobediencia" y que la Cámara no ha parado "ni un solo minuto" desde que recibió el auto del Supremo.

El informe que la Mesa encargó la semana pasada a sus servicios jurídicos recomienda la reforma del reglamento de la Cámara como mejor vía para dar cumplimiento al mandato judicial, sobre cuya obligatoriedad no duda, según pudo saber ayer este periódico. El dictamen no descarta la validez de la vía propuesta por el secretario primero de la Mesa, el socialista Manuel Huertas, consistente en una resolución de la presidencia del Parlamento, que permitiría una actuación más rápida, pero estima más adecuada la reforma reglamentaria. Los letrados apuntan la posibilidad de que, dada la excepcionalidad de esta actuación, sea la propia Mesa de la Cámara la que asuma el impulso de la iniciativa legislativa necesaria.

Disolución

Aunque mañana la mayoría de la Mesa siga las sugerencias del informe, será difícil que el grupo de Batasuna esté disuelto antes del fin del presente período de sesiones y el asunto quedará pendiente para septiembre, salvo que Atutxa decida habilitar el mes de julio.

Existen precedentes de los dos procedimientos que los letrados de la Cámara dan por buenos: la reforma del reglamento la utilizó el Ayuntamiento de Vitoria, mientras la resolución de la presidencia fue la vía usada por el Parlamento Foral navarro. Será la mayoría de la Mesa, es decir, los tres grupos que integran el Gobierno vasco, quien decida.

Los dos grupos nacionalistas, PNV y EA, ya expresaron su preferencia por la vía de la reforma reglamentaria, que les permite llevar el tema a un pleno, en el que, en votación secreta, tal reforma podría ser rechazada, o incluso no ser siquiera tomada en consideración, sin que se pudiera imputar por desobediencia a parlamentarios individuales ni a miembros de la Mesa o al propio presidente. IU se ha inclinado por la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, pero PNV y EA pueden sacar adelante su parecer con el voto de calidad del presidente, como ya hicieron la semana pasada con el informe.

El dictamen dedica una buena parte de sus 40 folios a valorar muy críticamente la sentencia del Supremo, que estima invasora de las competencias del Parlamento autonómico.