La Fiscalía se querella contra Atutxa por su negativa a disolver al grupo sucesor de Batasuna

La Fiscalía General del Estado ha presentado una querella por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y contra los miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Gorka Knörr, de EA, y Kontxi Bilbao, de IU, por su negativa a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), que ordenó el Supremo.

Según el texto presentado por la Fiscalía, los tres querellados han podido incurrir en un delito de desobediencia, "previsto y penado en el artículo 410.1 del Código Penal" al existir "una abierta negativa, concluyente, aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección del señor Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado y emanada de un órgano judicial competente". Según la fiscalía, los querellados han "recurrido a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala".

El artículo 410.1 del Código Penal define como desobediencia la de "las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales". Por este delito, se establece una multa económica a fijar por el juez competente y a la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Negativa voluntaria

Según la querella, "la negativa abierta, voluntaria e intencional" se hace patente, a juicio de la Fiscalía, desde el oficio del 8 de mayo de 2003, en el que el Parlamento Vasco afirma su intención de defender la dignidad democrática e institucional de la Cámara,"y en la ulterior conducta de los querellados". Además, considera que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados en cuanto resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado". Es más, "no es imaginable que los acusados desconociesen las normas que imponen el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales".

En ese sentido, recuerda los preceptos de la Constitución "suficientes claros y expresivos que consagran lo que es al mismo tiempo la máxima adquisición y el fundamento del Estado Constitucional de Derecho: la sumisión de todos -incluidos los poderes públicos directamente vinculados con el principio mayoritario -al imperio de la Ley y la posición prevalente de los derechos fundamentales".

En su escrito, la fiscalía solicita, además, que declaren en concepto de imputados las tres personas querelladas y como testigos los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco Carmelo Barrio y el secretario primero (Manuel Huertas).