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LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Ibarretxe, dispuesto a reunirse con Aznar y Zapatero para tratar la disolución de Batasuna

Mayor Oreja reprende al 'lehendakari' por su "desprecio absoluto al sistema democrático"

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha afirmado hoy que está "dispuesto a sentarse desde mañana" con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y con el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, "para buscar soluciones" al conflicto surgido después de que la Cámara vasca se negara a disolver el grupo parlamentario de Batasuna (cuyo nombre es ahora Sozialista Abertzaleak) a pesar de ser conminado a ello por el Tribunal Supremo.

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Ibarretxe ha hecho esta afirmación a un grupo de periodistas momentos antes de participar en el XVIII Día de Galicia en el País Vasco, que se celebra en la localidad guipuzcoana de Elgoibar. El dirigente vasco ha indicado que debe hablar con Zapatero y Aznar de "soluciones" y "no de desafíos" y ha adelantado que "no se arrugará ante los insultos y descalificaciones" vertidos contra los partidos nacionalistas por esta decisión.

Desafío no, soluciones

La Mesa del Parlamento aprobó el pasado jueves, a propuesta del presidente de la institución, Juan María Atutxa (PNV), una resolución que permite la disolución del grupo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Sin embargo, la decisión debía ser ratificada un día después por la Junta de Portavoces para ser efectiva, y fue rechazada con los votos en contra de PNV, EA y el grupo afectado, frente a los de socialistas y populares.

"No es de desafío de lo que tenemos que hablar en nuestros días, basta ya de

hablar de desafío y de estas palabras tan belicosas, porqué no hablamos de soluciones", se ha preguntado Ibarretxe, dispuesto según él ha discutir "de todos los términos, de mis ideas y de las ideas de los demás". Las posiciones del PNV están "abiertas" y "sujetas a discusión en todos sus términos", circunstancia que ha servido al lehendakari para extender ese posible intercambio de pareceres a su "propuesta para la convivencia", el llamado plan Ibarretxe.

"Estoy dispuesto a debatir de todas las ideas que tienen Aznar y Zapatero sin pedirles nunca que retiren ninguna. [...]Yo respeto las ideas de Zapatero y Aznar, no las comparto, pero las respeto y me gustaría que Aznar y Zapatero simplemente dijeran que, no compartiendo las ideas que tiene el lehendakari, las respetan", ha concluido.

"Desprecio absoluto a la democracia"

El presidente del grupo parlamentario popular, Jaime Mayor Oreja, ha respondido a las palabras de Ibarretxe, que ha calificado de "una pieza y una expresión más del plan" de autodeterminación del lehendakari y de "desprecio absoluto al sistema democrático"

Mayor Oreja ha elevado la cuestión de rango y ha señalado que la salida a "la situación de desafío" provocada por el PNV pasa por que Ibarretxe retire su plan "independentista" y respete "las reglas del juego democrático". Sobre la decisión del Supremo en particular ha dejado claro las sentencias "no se negocian en una mesa", sino que "simplemente se cumplen"; no se trata de un conflicto entre el tribunal y la Cámara, según Mayor, para quién el problema radica en que "los nacionalistas tienen secuestrado el Parlamento".

"La actitud del lehendakari es parte de la gran mentira que es el plan de ruptura del nacionalismo, supone una deformación de las reglas de juego democrático, subraya el déficit democrático de este plan y es una muestra por parte de Ibarretxe de no entender bien qué es la democracia", ha asegurado.

"Más pronto que tarde

El PSOE ha respondido por su parte que la cuestión no admite discusión alguna, puesto que se inscribe en una "fase de estricto cumplimiento judicial". El responsable de Libertades Públicas de la Ejecutiva socialista, Juan Fernando López Aguilar, ha señalado que defiende "el diálogo institucional", pero que esto "no tiene nada que ver" con la disolución de Batasuna en la Cámara vasca.

"Las resoluciones judiciales tienen que ser acatadas, especialmente por los poderes públicos", así que "la disolución debe producirse sin dilación" o el Estado "tendrá el deber de activar todas las iniciativas a su alcance para asegurar el cumplimiento, más pronto que tarde", de la resolución del

Supremo, ha concluido Aguilar.

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