¿Salida o burla?

La Mesa del Parlamento vasco parece haber encontrado una vía para evitar el grave conflicto institucional que se plantearía en caso de negativa a ejecutar la sentencia del Supremo que ordena la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, heredero del que representaba a la disuelta Batasuna. Esa salida, sin embargo, está pendiente de confirmación en el día de hoy por parte de la Junta de Portavoces y es posible que partidos que ayer votaron a favor (PNV y EA) lo hagan hoy en contra, con lo que se volvería a la situación anterior, con el añadido de una desautorización del presidente del Parlamento por parte de su propio partido. Sería una provocación tan burda al sistema democrático y una burla tan manifiesta al Estado de derecho que cuesta creer que se trate de eso.

La solución que planteó el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, y que fue aprobada por todos los partidos representados en la Mesa con la excepción del PP, que se abstuvo, es la misma que se utilizó en el Parlamento de Navarra. Se fundamenta en la posibilidad que el reglamento reconoce a su presidente para suplir las lagunas en su articulado con el parecer favorable de Mesa y de la Junta de Portavoces. Atutxa había alegado que la institución que preside no podía ejecutar la sentencia porque su normativa interna no preveía la forma de proceder en caso de disolución judicial de un grupo, por lo que era necesario reformar previamente el Reglamento. Pero supeditar la ejecución de la sentencia a ese trámite supondría incumplir el requerimiento del Supremo de proceder "sin dilaciones" y su concreción en un ultimátum para hacerlo antes del martes próximo.

La propuesta presentada finalmente por Atutxa consiste en que los órganos de gobierno del Parlamento aprueben una resolución, de acuerdo con la citada facultad reglamentaria, por la que se establece que todo grupo disuelto o suspendido judicialmente se integra en el Grupo Mixto. Tal resolución entraría en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial. Aunque no cite expresamente a Batasuna, la fórmula podría considerarse (con buena voluntad) como una forma de aplicar sin dilaciones la sentencia de disolución. Ulteriormente sería incorporada al Reglamento de la Cámara, de acuerdo con los procedimientos previstos y ya sin plazos apremiantes.

Era, por tanto, una solución razonable y ya experimentada en Navarra. Pero implica la voluntad de evitar un conflicto, algo que no es nada seguro en el caso de algunos dirigentes nacionalistas. Uno de ellos, el consejero de Justicia, Joseba Azkárraga, declaró ayer que si él fuera parlamentario votaría en contra de cualquier reforma del Reglamento destinada a hacer posible la disolución del grupo parlamentario de Batasuna. Es decir, de un partido que ayer mismo fue incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, en una decisión unánime del Consejo de Ministros de Interior y Justicia que acarrea consecuencias prácticas, como la de que los dirigentes de Batasuna no podrán organizar actos públicos en ningún país de la Unión. ¿Han medido los aprendices de brujo el ridículo que supondría sumar sus votos a los de esos dirigentes en una votación para evitar que se aplique una sentencia del Tribunal Supremo?