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Rajoy: "Es el mayor conflicto institucional de la democracia"

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que, con la decisión adoptada por la mayoría del Parlamento vasco de no disolver el grupo parlamentario de Batasuna, pese al requerimiento del Tribunal Supremo, la Cámara vasca y su presidente, el peneuvista Juan María Atutxa, "se sitúan fuera de la ley".

Rajoy recordó que Atutxa y los nacionalistas de la Mesa del Parlamento cometen un delito de desobediencia, sancionado por el Código Penal con multa e inhabilitación, por desoír una resolución del Tribunal Supremo, y añadió que, con su actitud, los nacionalistas han provocado "un conflicto institucional de gravísimas proporciones, el mayor desde que se reinstauró la democracia en España".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el vicepresidente primero remarcó que "sería una cosa dramática que estuvieran sometidos a las resoluciones de los tribunales 40 millones de españoles y el único que no lo estuviera fueran el Parlamento vasco o el señor Atutxa".

Para Rajoy, "es aún más dramático someter a la aprobación del grupo parlamentario de Batasuna, que forma parte de la Junta de Portavoces, el que haya de cumplir o no una resolución que tiene que llevarse a efecto".

"Provocación y desafío"

El ministro de Justicia, José María Michavila, calificó el comportamiento de los nacionalistas de PNV, EA y Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco como "una forma grotesca de provocación y desafio al Estado de derecho". Pero les advirtió de que, "en una democracia, la ley se acaba imponiendo siempre y a todos, incluso a quienes en una estrategia institucional de desafio al Estado de derecho unen sus fuerzas con Batasuna, una organización calificada como terrorista por las instituciones europeas".

El responsable socialista de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, calificó la actitud de los nacionalistas vascos de "desafuero". Instó a "todas las instituciones del Estado a usar todas las vías necesarias para corregir este desafuero y a depurar las responsabilidades de quienes lo han perpetrado". Eso implica, según el socialista López Aguilar, desde la anulación de los actos de la Cámara vasca hasta la asignación de responsabilidades penales".

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Felipe Alcaraz, propuso plantear de nuevo un conflicto de competencias entre el Parlamento vasco y el Poder Judicial, la misma postura que defiende IU en el País Vasco.

El portavoz de Unidad Alavesa, Ernesto Ladrón de Guevara, pidió el procesamiento de los miembros de la Junta de Portavoces de la Cámara vasca que se opusieron a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, los representantes de PNV, EA y Sozialista Abertzaleak.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de junio de 2003