Los grandes países de la UE avalan con matices el proyecto de Constitución Europea
España, los candidatos y los pequeños acumulan las críticas más duras al polémico plan
Europa tiene ya el primer proyecto de Constitución, pero la batalla que se inició hace 15 meses en la Convención sobre el futuro de la UE no ha concluido. Las espadas siguen en alto en varios frentes. Los países pequeños están a la defensiva contra los grandes, que avalan el proyecto, aunque con matices. España pugna frente a Alemania y Francia para no perder influencia. El presidente de la Comisión y el de la Convención no dejan de descalificarse. Y el Ejecutivo comunitario se enfrenta a todos. Sólo el Parlamento, y con sonoras excepciones, parece globalmente satisfecho. Es el gran ganador.
Los 105 integrantes de la Convención de 28 países (los Quince más los 13 candidatos) deben lograr un difícil consenso antes de que el presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, presente el texto a los jefes de Gobierno el día 20 en Salónica. El mayor rechazo ha partido del presidente de la Comisión, Romano Prodi: "Es un paso atrás que amenaza con paralizar la UE". Los ministros británicos Jack Straw y Gordon Brown defienden con reservas el texto, pero la loa llega del ministro alemán y miembro de la Convención Joschka Fischer: "La Convención tiene que estar orgullosa de su trabajo". Pero alertó: "No se puede poner todo en riesgo en los últimos metros de recorrido". En efecto, la recta final ha desvelado, entre otras, estas graves desavenencias:
Grandes contra pequeños. Según el proyecto, el Consejo Europeo (la reunión de jefes de Estado y Gobierno) tendrá un presidente estable por cinco años, poniendo fin a las presidencias semestrales. Los seis grandes (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Polonia) apoyan el método porque los Gobiernos ganarán poder a través de él en la gestión de la UE y les resulta impensable presidir la Unión cada 13 años tras la ampliación. Por las razones opuestas lo rechazan los pequeños. Prodi cree que ese presidente "será un contrapeso" al de la Comisión, elegido para cinco años.
La queja de los candidatos. Cada país tiene hoy un comisario (los cinco grandes, dos) en la Comisión, donde se vota por mayoría. Para hacerla más ágil, se proponen sólo 15 comisarios junto a "comisarios delegados", sin cartera. A punto de ingresar en el club, los candidatos ven que les arrebatan un derecho que han tenido los socios actuales. Los pequeños temen que les toque ocupar los cargos sin cartera. Y la Comisión quiere un comisario por país, pero más competencias para su presidente con el fin de organizar su equipo.
Temor al Parlamento. Un claro avance del proyecto consiste en que, al legislar, ya no podrá usarse el veto en 36 áreas (hoy sólo en 34 de un total de 86), alguna tan importante como la Política Agrícola Común (PAC), todo lo relacionado con emigración o colaboración policial y judicial, los fondos estructurales a partir de 2007... Donde desaparece el veto, el Parlamento colegisla con el Consejo. Por tanto, la Eurocámara gana mucho poder. Francia, la gran beneficiada por la PAC, rechaza que unos incontrolables eurodiputados manejen las ayudas agrícolas.
Fronteras para el veto. La Comisión, Francia, Alemania y los pequeños quieren más materias sin recurso al veto. Incluso en Exteriores, donde la norma será la unanimidad contra el deseo franco-alemán. Para Londres, hay líneas rojas en política exterior y en fiscalidad. Como España, no cede un ápice.
No a la segunda Cámara. Londres recibió con euforia la desaparición del término "federal". Por tanto, no acepta la creación de un Consejo Legislativo que, como segunda cámara al estilo federal, apruebe leyes con el Parlamento. Es otro contencioso en el que España y Reino Unido van juntos. Les apoyan Irlanda y Suecia.
Londres y Exteriores. Tampoco acepta Londres un ministro de Exteriores. En todo caso, un "representante exterior europeo". Y mucho menos que presida el Consejo de Exteriores (lo mismo cree España). Aceptaría esa figura sólo si tuviera pocas competencias y dependiera más del Consejo (Gobiernos) y menos de la Comisión, donde sería vicepresidente, en una doble y complicada dependencia.
La fuerza de los derechos. La segunda parte de la Constitución es la Carta de Derechos de la UE proclamada en 2000. La Constitución le da fuerza jurídica y esos derechos podrían ser reclamados en los tribunales. Londres no acepta que algún británico reclame el derecho a la huelga o a un puesto de trabajo y busca fórmulas menos vinculantes. Como Irlanda, Dinamarca, Letonia, Holanda y Suecia.
La batalla de 'Míster Euro'. El proyecto de Constitución abre la puerta a Míster Euro, un ministro de Finanzas que por dos años presidiría las reuniones de los ministros de la eurozona (Eurogrupo) y de la UE (Ecofin). Sería el presidente del Gobierno económico, pero robaría todo protagonismo al comisario de Asuntos Económicos, hoy Pedro Solbes. La Comisión lo rechaza y el comisario francés Michel Barnier propone un ministro europeo de Economía, similar al de Exteriores, igualmente vicepresidente en la Comisión.
Prodi contra Giscard. Tienen un duelo personal. Su desavenencia se remonta al invierno, cuando Prodi presentó su propio borrador de Constitución llamado Penélope. Prodi dice ahora que al proyecto "le falta ambición". Giscard le exige que calle y haga propuestas.
La religión. Miles de mensajes de correo electrónico de protesta atascaron los ordenadores de los miembros de la Convención, porque el preámbulo señala que la Constitución se inspira en "las herencias culturales, religiosas y humanistas", pero no en "la herencia cristiana", como exigió la Iglesia católica.
Texto farragoso. Las cuatro partes del proyecto son ininteligibles para el ciudadano no avisado. Resulta especialmente grave cuando la Constitución estará por encima de toda legislación nacional y debe ser ratificada en todos los países, en algunos de ellos, como España, mediante referéndum.
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