Hambre africana en Argentina

El próximo presidente argentino, Néstor Kirchner, encontrará sobre la mesa una grave interpelación procedente de Naciones Unidas. El relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para el derecho a la alimentación, el suizo Jean Ziegler, ha dado seis semanas de plazo para que el Gobierno argentino responda a las graves denuncias de dos organizaciones no gubernamentales alemanas que le acusan de violar el derecho de los argentinos que pasan hambre. El Ejecutivo rechaza las acusaciones y asegura que enfrenta con éxito la situación. "Nadie nos tiene que contar quiénes son nuestros pobres. Los tenemos con nombre y apellido. Y sabemos que los tendremos que seguir atendiendo", dijo ayer a este diario la ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Maria Nélida Doga.

"Las cifras reveladas son equivalentes a las que se observan en África", según la ONU

El número de habitantes sin alimentos básicos es de 8,7 millones, el 24,8% de la población

"Las cifras reveladas son equivalentes a las que se observan en África, de una gravedad extrema, lo cual es aún más terrible cuando se trata de Argentina, un país con suficientes recursos naturales para nutrir a su población. Espero una respuesta positiva del Gobierno para empezar rápidamente a aplicar reformas que resuelvan este drama", declaró Ziegler.

Las organizaciones Food First Information and Action Network (FIAN), con sede en Heidelberg y que tiene estatuto consultivo ante la ONU, y el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo (EED), que actúa como la agencia de desarrollo central de las iglesias protestantes alemanas, con sede en Bonn, presentaron la denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Las dos ONG visitaron en enero comunidades del Movimiento Campesino de la provincia de Santiago del Estero, zonas rurales de la provincia de Tucumán y a movimientos de trabajadores desocupados en la provincia de Buenos Aires. También mantuvieron reuniones con integrantes de varias organizaciones sociales y de derechos humanos. Asimismo, se entrevistaron con Oscar Luján Fappiano, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

El informe pone de relieve el ritmo vertiginoso del empobrecimiento de la sociedad argentina en poco tiempo. Desde octubre de 2000 a mayo de 2002 el número de habitantes que no tienen acceso a la canasta básica de alimentos aumentó de 3,7 millones a 8,7 millones (24,8% de la población). Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) de octubre de 2002 indican que la situación continuó degradándose hasta llegar al 27,5% las personas que viven bajo la línea de indigencia y al 57,5% las que no superan la línea de pobreza.

De estas personas, más de cuatro millones son niños. La misión observó que "la proporción de población infantil que padece pobreza e indigencia es más alta en las provincias del interior del país, especialmente en el norte. En Tucumán, en el aglomerado de Gran Tucumán-Tafí Viejo, el 63,8% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza y el 27,2% de indigencia. En el aglomerado urbano de Santiago del Estero-La Banda, los porcentajes son del orden del 60,2% de pobres y 27,8% de indigentes. En el norte del país se ha observado una escalada aguda de la desnutrición infantil", señala el informe, que cita un aumento de 32 a 204 los casos atendidos en el Hospital Regional de Concepción, en la provincia de Tucumán, a lo largo del año pasado.

Ante la desesperada situación de hambre y pobreza de la población desocupada, el Gobierno de Eduardo Duhalde creó en mayo de 2002 el programa de ayuda destinado a jefes y jefas de hogar desocupados con hijos de hasta 18 años, que prevé un subsidio de 150 pesos (cerca de 50 euros) mensuales durante un plazo de tres meses, que puede ser prorrogable. La ejecución del programa está a cargo de cada provincia y de los municipios. Paralelamente, el Gobierno declaró el año pasado una emergencia alimentaria y creó un programa para atender a los más vulnerables. Cada provincia establece su modalidad de prestación de la asistencia, a través de provisión de alimentos, vales, comedores y huertas populares.

En las visitas realizadas a comunidades de desocupados en las localidades de Solano, Lanús y Guernica, grandes bolsones de pobreza de la provincia de Buenos Aires, la misión observó que los programas gubernamentales adolecen de graves problemas en su aplicación. "Son manejados con un alto grado de arbitrariedad y de instrumentalización política", señala el informe. "Los punteros o líderes locales de los diferentes partidos políticos reparten los programas de acuerdo con criterios clientelistas y de sujeción política". En la periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, diversos entrevistados criticaron la arbitrariedad con que se ejecutan las ayudas. "Describieron cómo pierden el beneficio durante algunos meses sin ningún tipo de justificación; en otros casos le anuncian que tienen que ir a cobrar el beneficio a otras ciudades, lo cual es imposible y equivale a la pérdida del subsidio". El informe sostiene que "los beneficios de los programas se reparten como dádivas de un sistema clientelista".

La ministra de Desarrollo Social rechaza esta acusación. "No es así. Hemos estado en Tucumán, allí tenemos 130.000 cajas que estamos entregando a familias de desnutridos, donde hacemos un trabajo de producción alimentaria a escala local, estamos haciendo una reconversión profunda". Para María Nélida Doga, el hambre es consecuencia de "ese fenómeno monstruoso del neoliberalismo que ha tenido nuestro país y otros de América Latina" y de "17 trimestres consecutivos de recesión".

La ministra cuestiona las ONG denunciantes y la interpelación del relator de la ONU. "Sería bueno que antes de salir a hablar afuera se hubieran sentado con nosotros. Su evaluación es absolutamente parcial". Por su parte, el relator ha confirmado que abordará la situación argentina en el informe que presentará a la Asamblea General de la ONU en septiembre, y que propondrá un seguimiento a la Comisión de Derechos Humanos.