La marcha atrás del PP sobre la Carta Municipal de Barcelona solivianta la campaña
El Ayuntamiento critica al Gobierno central por la nueva redacción del anteproyecto de ley
"Vamos mal". La frase, dicha ayer por Joan Clos, resume el sentimiento que se tiene en el Ayuntamiento tras conocer las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno central en el anteproyecto de Ley de Modernización del Gobierno Local, que no incluye el desarrollo de la Carta Municipal de Barcelona. El texto regula la situación de los gobiernos locales de forma homogénea en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes y deja claro que Barcelona puede tener mayores competencias, pero siempre que procedan del ámbito autonómico. La nueva redacción del anteproyecto deja a Barcelona sin las competencias previstas en la Carta Municipal cuya aplicación depende del Gobierno central y entre las que figuran las relativas a la financiación, seguridad ciudadana y justicia. La marcha atrás del PP en esta materia centró ayer la campaña electoral.
"Esto supone que los barceloneses deberán seguir pagando con sus impuestos las funciones de capitalidad que Barcelona realiza pero que el Gobierno no le reconoce", explicó el portavoz municipal Ernest Maragall. "Es evidente", explicó, "que el Gobierno ha decidido eliminar aspectos esenciales de las peticiones de la Carta Municipal, pero lo grave es que la Carta era un todo, no una mera lista de asuntos. Si se eliminan los principales, todo queda en casi nada". Maragall entiende que se trata de una "afrenta a Barcelona" en abierta oposición a lo decidido, con los votos del propio PP, en el pleno municipal y en el Parlament. Maragall también dijo que la dirección del PSOE votará en contra del anteproyecto.
El proyecto de Carta Municipal fue aprobado por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento barcelonés y en el Parlament, pero el Partido Popular de Cataluña no ha podido convencer a sus compañeros del resto de España para que respetaran sus compromisos.
El alcalde Joan Clos aseguró ayer que ha recibido una carta del ministro de la Función Pública, Javier Arenas, en la que le convoca a una reunión, junto a un representante del Gobierno catalán. Tras anunciar esta reunión, Clos resumió su opinión con dos palabras: "Vamos mal". El alcalde recordó que el último encuentro se produjo hace un año y puso en duda que con esta frecuencia de reuniones se pueda llegar a alguna parte. Clos acusó al Gobierno central de buscar la "uniformización" con este anteproyecto de ley y dijo que esto tan sólo reconocería, en el caso de Barcelona, el tramo de la Carta Municipal ya aprobado por el Parlament. El alcalde recordó que, "históricamente, Barcelona siempre ha tenido un régimen especial". En su opinión, la "oposición" del PP a la Carta "es ideológica y un problema de discrepancia política de fondo". "Como no quieren rechazarla explícitamente, hacen ver que sí la apoyan", denunció, recordando que el PP votó a favor de la Carta en el Ayuntamiento y en el Parlament. "Ahora, el PP de Madrid desmiente esta posición favorable", subrayó. El también alcaldable por el PSC admitió que "con el PP en el Gobierno será difícil" conseguir la Carta y "habrá que esperar a un cambio en el Ejecutivo", aunque prometió: "Seguiremos intentando convencer a todos los gobiernos".
La decisión tomada por el PP se produce al día siguiente de la carta de Arenas a Clos. "Un intento de salvar la cara", dijo Ernest Maragall, que recomendó al candidato popular, Alberto Fernández, "que se esconda hasta después de las elecciones", a la vista de que "su propio partido lo niega y le ningunea sin compasión". Maragall cree que el anteproyecto es la consecuencia de "la mayoría absoluta del PP y su connivencia con CiU, que le ha venido apoyando en los últimos siete años, lo que da alas a los populares". Terminó pidiendo a los barceloneses "que voten lo que quieran, menos al partido que insulta de este modo a Barcelona, que es el PP".
El presidente del PP catalán, Josep Piqué, consideró de "sentido común" abordar la Carta Municipal de Barcelona tras las elecciones municipales y constató la voluntad del Gobierno de que Barcelona tega todas las competencias que necesita, informa Efe.
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