La Carta supone justicia local y participación en los impuestos

El debate de la Carta Municipal ha sido uno de los más largos y prolijos del Ayuntamiento de Barcelona. Después de años de discusión, todos los grupos municipales la aprobaron por unanimidad en 1997. Un año más tarde, el Parlament sancionó la parte estrictamente catalana. Esto es, los artículos sobre competencias transferidas al Gobierno autónomo.

En este capítulo se encuadran todos los consorcios, como los de vivienda, enseñanza y servicios sociales, que deberían suponer la gestión compartida entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, así como el traspaso de algunos servicios al consistorio. De lo que es estrictamente parte catalana, lo único que ha funcionado ha sido la subcomisión de urbanismo. Algunos de los consorcios se han constituido sobre el papel, como el de enseñanza. Otros, ni siquiera eso.

La parte de la Carta Municipal que entra en cuestiones y competencias reguladas por el Gobierno central ha corrido peor suerte. Ese articulado ha ido desde 2000 de un despacho ministerial a otro: Administraciones Públicas, Economía e Interior. Hasta que el Gobierno del Partido Popular empezó a hablar de una ley de capitalidad para Madrid y de otra, de grandes ciudades. Éstos son algunos de los aspectos más destacados de la Carta Municipal.

- Financiación. Establece la participación del gobierno local en la recaudación de los impuestos. La propuesta que defendía Barcelona suponía el 8% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el 14% del IVA y el 8% en impuestos especiales.

- Justicia. Crea la figura equivalente al juez de paz, pero en los distritos de la ciudad, para resolver principalmente algunas de las actuales faltas; por ejemplo, desde pequeñas deudas a conflictos vecinales.

- Seguridad ciudadana. Otorga al alcalde responsabilidad directa sobre la seguridad ciudadana, y a la Guardia Urbana, funciones de policía local.

- Seguridad vial. La Carta Municipal da casi todo el poder ejecutivo al alcalde, que por ejemplo podría retirar del carnet de conducir en determinados supuestos. También amplía las situaciones en las que un automóvil puede ser inmovilizado y obliga a colocar un distintivo para evidenciar que los vehículos están asegurados.

- Gestión de infraestructuras. Establece la participación del Ayuntamiento en la gestión del puerto y el aeropuerto.