La extensión de la epidemia provoca un terremoto en la cúpula del poder en China
Los medios de comunicación comienzan a informar con libertad sobre la enfermedad
La epidemia de neumonía atípica ha supuesto un auténtico terremoto político en China, cuya onda expansiva puede superar en virulencia a la crisis de Tiananmen (1989). Li Changchun, uno de los nueve miembros del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino (PCCh), el principal órgano de poder, calificó la epidemia de "desastre nacional inesperado", sin mencionar sus efectos dentro de las filas del partido. La prensa, tradicionalmente amordazada, parece haber soltado amarras: 'El encubrimiento es más espeluznante que la enfermedad', titulaba el diario pequinés Xin Bao.
De momento, han rodado las cabezas de dos miembros del Comité Central: Zhang Wenkang y Meng Xuenong, ministro de Sanidad y alcalde de Pekín, respectivamente, cargos que, por supuesto, también han perdido. Es la primera vez desde la fundación de la República Popular en 1949 que un ministro pierde su cargo por una cuestión civil. Hasta ahora sólo la corrupción y las purgas dentro PCCh habían logrado la destitución de cargos tan altos.
La crisis comenzó a gestionarse con la oscuridad típica de un régimen autoritario y obsoleto que no se corresponde con la voluntad china de abrirse al mundo. Pero su expansión internacional llevó finalmente al liderazgo chino a actuar teniendo en cuenta sus obligaciones para con los ciudadanos y la opinión pública en general. Esto supone transparencia, algo a lo que el PCCh se ha negado hasta ahora y que puede definitivamente abrir la espita del cambio político.
Una prueba de que se resquebraja el hieratismo del régimen es que los medios de comunicación, hasta ahora estrictamente controlados por el Departamento de Propaganda del PCCh, han dejado de desinformar para comenzar a contar a lectores y oyentes lo que verdaderamente ocurre en el país. "El encubrimiento es más espeluznante que la enfermedad", decía un comentarista del populista diario pequinés Xin Bao, que recogía la semana pasada un titular de uno de los periódicos más importantes de Shanghai, el Wenhui Bao: "Los ciudadanos no deben de ser privados de su derecho a saber".
A estas alturas, se alzan incluso las voces contra el gobernador de Guangdong -donde comenzó la epidemia- y el secretario del PCCh de Pekín, responsable -más que el alcalde- de que se ocultaran los estragos que el maligno virus causaba en la capital, con 10 veces más de infectados que las decenas reconocidas hasta la caída del ministro de Sanidad. Ambos pertenecen al poderoso Buró Político y tienen buenas conexiones con el ex presidente Jiang Zemin, quien sigue manteniendo las riendas del poder a traves de la Comisión Militar, que controla a las Fuerzas Armadas y que Jiang preside.
Si los analistas de Hong Kong tienen razón, tanto el presidente Hu Jintao como el primer ministro Wen Jiabao, una vez que tuvieron conocimiento de la gravedad de la crisis se posicionaron en el ángulo, insólito para el PCCh, de que los políticos son responsables ante el pueblo que, a su vez, tiene derecho a ser informado de los asuntos que afectan directamente a su vida. El pasado martes, Wen declaraba, según la agencia oficial Xinhua, que todos los pueblos y todos los lugares de trabajo están obligados a informar "a tiempo y de forma precisa" de todo lo referente a la epidemia y "de ninguna de las maneras pueden retrasar los informes, encubrirlos o dejar fuera lo más mínimo".
Para dar muestras de que el régimen se ha tomado muy en serio la amenaza del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, siglas en inglés), Wu Yi, la única mujer entre los 24 miembros del Buró Político, ha sido nombrada ministra de Sanidad además de dirigir el Estado Mayor Nacional, creado para el control y la prevención del SARS. Nadie duda de que Wu Yi, curtida en las negociaciones para la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, viceprimera ministra y a quien llaman la dama de hierro china, no vacilará a la hora de exigir que rueden más cabezas si lo considera necesario para poner fin a la crisis y garantizar la estabilidad del país.
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