Detenido el antiguo enlace militar de Irak con los inspectores de armas de la ONU

Estados Unidos anunció ayer la detención del teniente general iraquí Husam Muhamad Amin, antiguo jefe del comité de relaciones con los inspectores de armas de la ONU. Amin, que figuraba en el puesto 49 en la lista de las 55 personas más buscadas por las autoridades de ocupación, era considerado uno de los escasos dirigentes del régimen de Sadam Husein con conocimiento completo sobre los aún no encontrados, y quizá destruidos hace tiempo, arsenales de armamento químico y biológico. Con Amin, son ya 13 los detenidos de la lista de los 55. Todos ellos permanecían bajo custodia militar estadounidense en lugares no revelados y, por el momento, en un limbo legal.

Nadie se atreve a pronosticar qué ocurriría si fueran detenidos Sadam Husein o sus hijos

Pierre Richard Prosper, asesor especial del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para crímenes de guerra, afirmó la semana pasada que sólo en casos muy excepcionales los detenidos iraquíes serían juzgados por tribunales estadounidenses instalados en Irak. En principio, la justicia militar de Estados Unidos se haría cargo de quienes hubieran cometido crímenes de guerra contra ciudadanos o soldados de ese país. Ése podría ser el caso de los iraquíes que durante el conflicto simularon rendirse para atacar a miembros de la fuerza expedicionaria. De ser hallados culpables, serían ejecutados.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, descartó la posibilidad de enviar iraquíes a la base militar de Guantánamo, donde permanecen, sin abogados ni expectativa de juicio, unos 600 detenidos en la guerra de Afganistán. Rumsfeld inició ayer una gira por la zona de Oriente Próximo para evaluar los pasos a dar en la posguerra iraquí.

Varios juristas militares estadounidenses se ocupaban ya de revisar los casos de los casi 7.000 prisioneros de guerra iraquíes. Hasta ahora, más de un millar han sido puestos en libertad y cuatro mil son retenidos a la espera de que un tribunal formule acusaciones concretas contra ellos.

Los 55 más buscados, todos ellos altos cargos del régimen depuesto, son caso aparte. La idea del Pentágono, aún no formulada oficialmente, consistía en entregar a los futuros tribunales de Irak a los acusados de cometer crímenes contra ciudadanos iraquíes. En esa situación estaría la gran mayoría de los 55. Otros serían muy probablemente enviados a Kuwait, para responder de presuntos delitos cometidos durante la invasión del emirato en 1991.

Debido al colapso administrativo en Irak y a la incertidumbre sobre el proceso de reconstrucción institucional, el Gobierno de Washington no había adoptado aún decisiones formales. Grupos de juristas estadounidenses e iraquíes procedentes del exilio esperaban constituir los primeros tribunales del nuevo régimen en un plazo de varios meses y sopesaban la idea de incluir en ellos, provisionalmente, a jueces y abogados de países vecinos, como Kuwait, Arabia Saudí y Jordania.

Fuentes de la Casa Blanca y del Pentágono sugerían que no todos los detenidos en la lista de 55 acabarían sentándose en el banquillo. Bastantes de ellos, especialmente los científicos y los militares vinculados a los programas de fabricación de armas químicas o biológicas, tendrían la posibilidad de quedar libres si aceptaran actuar como testigos contra los acusados de mayor peso político. El teniente general Husam Muhamad Amin, que durante años despachó personalmente con Sadam Husein y conoció a la perfección los arsenales del país, podría entrar en esa categoría de testigos privilegiados.

Nadie se había atrevido a pronosticar qué ocurriría si fueran detenidos Sadam Husein o sus hijos, Uday y Qusay. Muchos gobiernos preferirían que esas tres personas, en la cúspide del régimen caído, fueran entregadas al tribunal de La Haya o algún otro tipo de jurisdicción especial supervisada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Gobierno de Estados Unidos mantiene una absoluta discreción sobre sus intenciones.