Pequeñas medidas

Las 'minimedidas' económicas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros tienen más que ver con el calendario electoral que con los estímulos que necesita la economía española en un momento especialmente delicado, tanto por la incertidumbre posbélica como por la renuncia explícita del Gobierno a actuar desde la política presupuestaria para incentivar la inversión y el crecimiento. Ello explica que las medidas se centren fundamentalmente en exenciones a las cuotas empresariales de la Seguridad Social para un colectivo de unas 133.000 personas. El tótem del equilibrio presupuestario debe quedar a salvo.

Ninguna de las minimedidas aprobadas enfoca correctamente el problema que trata de resolver ni las ayudas propuestas son lo suficientemente poderosas para estimular la actividad económica. El obstáculo principal de las mujeres con hijos no es que los empresarios se nieguen a contratarlas, sino que los gastos de guardería pueden no compensar la aceptación de un empleo; la creación de "una cuenta de ahorro" para formar empresas revela un concepto mezquino de la innovación, pues los nuevos empresarios quieren menos trámites legales para crear compañías o disponer de capital inmediato para ejecutar sus proyectos, y no cartillas para abrir cafeterías así que pasen 20 años, y el pago de la incapacidad laboral transitoria a los trabajadores autónomos ocasionará probablemente una gestión caótica para controlar las bajas médicas.

En cuanto al alquiler de viviendas, la divergencia entre las causas del raquitismo del mercado y las soluciones que propone el Gobierno roza el esperpento. No se van a poner más viviendas en alquiler porque se reduzca el impuesto de sociedades a las empresas propietarias, sino cuando los posibles arrendadores comprueben que pueden disponer sin obstáculos de sus pisos al final de los contratos o cuando los impagos de los arrendatarios sean sancionados rápidamente por los tribunales. La reducción de comisiones y aranceles notariales en los cambios de hipotecas tranquilizará sin duda a los titulares de los créditos ante una posible subida de los tipos de interés, pero hubiera tenido un efecto mayor sobre el mercado la supresión o reducción del impuesto de actos jurídicos documentados.

No es la primera vez que el Gobierno propone un conjunto de medidas arbitrarias y precipitadas para dar la impresión de dinamismo legislativo. Las de ayer pertenecen a este tipo de medidas placebo o disposiciones basura, cuya finalidad real es recordar a electores potenciales -mujeres, jóvenes, pequeños empresarios- que el Gobierno se acuerda de ellos. Lo malo es que se pierden oportunidades de resolver problemas reales con acciones políticas reales. Ayer se arrojó por el sumidero otra oportunidad.