Sanidad multará a los médicos y boticarios que acepten primas y regalos de laboratorios

El Grupo Popular del Senado, con acuerdo del Ministerio de Sanidad, ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que prevé sancionar con hasta 30.000 euros al personal sanitario (médicos o farmacéuticos) que acepte, aunque sea a través de familiares, "cualquier tipo de bonificación, descuento [...], incentivo, primas u obsequios" de la industria por favorecer la prescripción de productos que costee la Seguridad Social. Los laboratorios que ofrezcan estas primas o regalos podrán ser multados con hasta 600.000 euros si reinciden.

La modificación del régimen sancionador de la Ley del Medicamento ha sido propuesta por los populares como una enmienda adicional de la Ley de Sanidad. La principal novedad radica en imponer multas para quienes reciban (ellos o sus "parientes o personas de convivencia") los incentivos, algo que la ley no incluía, ya que hasta ahora sólo se sancionaba al que ofrecía los incentivos. En este sentido, las enmiendas endurecen los castigos para quienes den regalos.

Dada la mayoría de que dispone el PP en la Cámara, es de prever que sus enmiendas (cinco de un total de 161) se aprobarán. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, se ha ofrecido a continuar las conversaciones sobre el resto (63 del Grupo Mixto, 41 de Coalición Canaria, 28 del PSOE, 11 de Entesa Catalana del Progrés, ocho del PNV y cinco de CiU).

La actual Ley del Medicamento, de 1990, prohíbe "expresamente el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración, o a sus parientes y personas de su convivencia". Este tipo de prácticas eran catalogadas hasta ahora como infracción leve y sancionados con 500.000 pesetas (3.000 euros actuales). Con el cambio propuesto, la infracción se catalogará como grave, y podrá castigarse con sanciones de hasta 90.000 euros (600.000 en caso de reincidencia).

El objetivo final de esta enmienda es evitar que la presión y las recompensas de los laboratorios incidan en la prescripción y la dispensación y, por tanto, en el gasto público en medicamentos, que crece al ritmo de un 10% anual.

Para el PSOE, el sistema elegido por el PP es "extraño", pero no quisieron opinar sobre el contenido de las enmiendas hasta haberlas estudiado más a fondo. Los socialistas coinciden en que la Ley de Sanidad es una buena oportunidad para modificar y fijar una nueva política farmacéutica, y recuerdan que entre las enmiendas rechazadas por el PP en el Congreso estaban las que pedían "una actuación firme por el uso racional de los medicamentos". "En cualquier caso, si esto es todo, se trata de una modificación claramente insuficiente", dijo un portavoz del partido.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos, uno de los más afectados por la iniciativa, prefirió esperar al pronunciamiento de sus servicios jurídicos antes de opinar. Pedro Capilla, presidente del consejo, quiso aclarar sin embargo que "el tema de las bonificaciones se ha desbordado". "Se trata de una práctica empresarial normal, en la que el fabricante comparte con el comprador [en este caso las farmacias] los ahorros de infraestructura que obtiene por vender grandes cantidades de una vez", explicó. "Lo que hay que estudiar es si estas prácticas inciden en el gasto en medicamentos, y no es así. Aunque un farmacéutico reciba unas cajas de producto gratis [una práctica habitual de bonificación son los lotes del tipo "compre ocho y pague diez"] sólo venderá los que recete el médico", añadió Capilla.

Por parte de los laboratorios, la patronal Farmaindustria se limitó a emitir una nota en la que señalaba que la Ley de Sanidad podía ser un vehículo para consolidar y mejorar el pacto que mantiene con el Ministerio. Fuentes de Farmaindustria recordaron que en estos momentos estaban negociando con las autoridades y consideraron lógico que se usara la ley de cohesión para profundizar en políticas de contención del gasto. Este periódico intentó ayer sin éxito obtener la opinión del tercer implicado, los representantes de los médicos de la Organización Médica Colegial.

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle, apoyó la medida y recordó que la federación ya había denunciado con anterioridad la práctica "opaca" de las bonificaciones. "Además de aprobarse las sanciones, lo que hay que ver es qué medios se ponen para asegurar que se cumplen", afirmó Sánchez-Bayle.