Suiza aprueba una tímida ley que condena el tráfico ilegal de arte

La cámara de diputados de Suiza aprobó ayer una ley sobre transferencias culturales que condena, en términos generales, el tráfico ilícito de objetos de arte y de antigüedades, pero que no obliga a los comerciantes del sector a comunicar a las autoridades aduaneras los casos de origen dudoso. De esta forma, la nueva legislación se equipara a lo que en términos financieros se conoce como secreto bancario, y castiga el delito en general, pero no así a sus autores en particular.

Después de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, Suiza se encuentra entre los principales mercados de obras de arte en el mundo, con exportaciones que se cuantifican en 1.400 millones de francos suizos (959 millones de euros) y con importaciones de 1.300 millones de francos (890 millones de euros), tan sólo en el año 2000.

La Unesco adoptó en 1970 una convención que castiga la transferencia ilícita de bienes culturales, pero Suiza no se había adherido todavía a tal documento pese a que los robos de piezas de arte han proliferado en todo el mundo a lo largo de estos años.

En el informe del poder ejecutivo suizo en el que se justifica ante el Parlamento la adopción de esta ley se afirma, por ejemplo, que en 1998 más de 60.000 bienes culturales robados fueron denunciados a la Interpol. Según el mismo documento, sólo los italianos registraron 24.598 robos en 1999.

Convención de la Unesco

La nueva ley sobre transferencia de bienes culturales intenta poner al día en Suiza la convención de la Unesco. Pero, además de hacerlo con 33 años de retraso, los diputados suizos desmantelaron tres de las disposiciones más importantes que incluía el anteproyecto. La primera y más importante era la que obligaba a los comerciantes de arte y a las casas de subastas a comunicar las transacciones dudosas a las autoridades. Según la diputada Vreni Müller-Hemmi, del Partido Socialista de Zúrich, "hubiéramos querido guardar esta disposición como una manera, también, de luchar contra el blanqueo de dinero e impedir la infiltración en el mercado del arte de bienes introducidos ilícitamente". Por 85 votos contra 81 (más una abstención), esta posibilidad fue juzgada como "inapropiada". Para Johannes Randegger, del Partido Radical (derecha) de Basilea, muy ligado a estos sectores, "el objetivo es no tratar a los comerciantes como si fueran criminales, ni fomentar la delación".

Otra modificación está relacionada con el periodo de prescripción del delito. De 30 años que querían los socialistas a los 5 que quería la comisión dictaminadora, los diputados se situaron en medio y lo establecieron en 15 años. La última gran modificación tiene que ver con la indemnización íntegra. Es decir, que la persona que adquiere una obra de arte de buena fe y que está obligada de restituir el objeto a algún país o institución cultural tiene derecho a ser indemnizada íntegramente. La ley establece, finalmente, que se tendrá en cuenta el precio de compra de la obra y no su valor mercantil.