Los sobornos sacuden Chile

Una denuncia de soborno contra dos personas ligadas al palacio de La Moneda fue, en octubre pasado, el detonante de un proceso que aún sacude Chile. Los sucesos revelados en estos meses ponen en una situación incómoda al empresariado, a la clase política y, sobre todo, a una coalición de partidos -la Concertación- que en 1990 asumió el Gobierno con la promesa de reconstruir una democracia arrasada por 17 años de dictadura militar.

Aunque Chile suele citarse como el país menos corrupto de América Latina pese a que las denuncias de irregularidades no escasean, nunca un caso había impactado tanto a la ciudadanía como el que destapó el empresario Carlos Filippi al reconocer el pago de coimas (sobornos) para adjudicarse un permiso para operar un taller de revisión técnica de automóviles.

En su denuncia, Filippi implicó a Patricio Tombolini, ex subsecretario del Ministerio de Transportes, y al diputado Víctor Manuel Rebolledo. Ambos, además, líderes de dos partidos de la Concertación: el primero, presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), y Rebolledo, vicepresidente del Partido por la Democracia (PPD). Paralelamente, otros dos diputados oficialistas -Jaime Jiménez y Cristián Pareto, del Partido Demócrata Cristiano (PDC)- aparecían involucrados por otro empresario en un caso similar. Ambos figuraron más tarde cobrando dinero a Filippi para denunciar la primera situación.

Ante el impacto público de estas revelaciones, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, salió al paso para reafirmar la transparencia como principio de su gestión. Y con su expresión más enérgica llamó a la justicia a esclarecer los hechos "caiga quien caiga, acá no hay que tener ningún tipo de contemplaciones por quienes puedan ser los personeros (funcionarios) cualesquiera que sea la jerarquía que tengan".

Detenciones de funcionarios

Para investigar el caso fue designado el juez Carlos Aránguiz, de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ciudad a 80 kilómetros al sur de Santiago donde se había radicado la primera denuncia. Inició su labor con la detención de Tombolini y de otros cinco funcionarios y empresarios, al tiempo que pedía el desafuero de seis diputados.

La saga continuó cuando el ex ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones Carlos Cruz, entrevistado por el diario El Mercurio, reconoció que como funcionario del Gobierno recibía un modesto sueldo de 1.200.000 pesos (1.500 euros), además de un sobresueldo con dinero en efectivo por 1.800.000 pesos. Hasta dejar el Gobierno, en enero de 2002, Carlos Cruz fue el conductor de un proceso de construcción de obras viales y aeroportuarias mediante concesiones a inversores privados nacionales y extranjeros que cambió profundamente el rostro del país.

Esas gigantescas inversiones y complejos procesos de gestión requerían de un sistema externo capaz de operar con agilidad. El Ministerio de Obras Públicas contrató para esa labor a Gestión Ambiental Territorial, SA (GATE), una empresa consultora creada por Héctor Peña, ex funcionario y de militancia socialista igual que Cruz. A través de GATE operó una intrincada red financiera con fondos fiscales y dineros privados. Se estima que unos 2.500 millones de pesos (3.144.000 euros), aportados por el Ministerio y por más de una decena de empresas constructoras fluyeron por las cuentas de GATE. Hasta ahora las pesquisas entregan evidencias de numerosas irregularidades administrativas y procedimientos fraudulentos realizados a través de la consultora con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. En ese punto de la investigación, a comienzos de febrero, la Corte Suprema resolvió que la tarea de indagar las maniobras de GATE quedara en manos de un nuevo juez, la ministra Gloria Ana Chévesich.

Carlos Cruz está en Capuchinos, una cárcel especial para ejecutivos y personajes implicados en delitos financieros. En la misma situación se encuentran Peña y el ex jefe de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas Sergio Cortés. Mientras tanto, continúa un interminable desfile de funcionarios y empresarios ante la magistrada, que intenta esclarecer los delitos cometidos para configurar una posible asociación ilícita orientada a defraudar al fisco.

Entretanto, el caso coimas sigue en manos del juez Aránguiz, que ya tiene procesadas a nueve personas (tres diputados, cinco funcionarios públicos y un empresario) e intenta desentrañar una madeja de sobornos que alcanzan los 35 millones de pesos (44.000 euros). Intenta ahora proseguir con la investigación de sobresueldos y determinar si corresponden a fondos reservados de algunos ministerios, lo que abriría una nueva veta de preocupación para el Gobierno.

Para Marta Lagos, coordinadora de Latinobarómetro -un sistema de sondeos que evalúa regularmente la salud de las democracias regionales-, "lo más corrupto del sistema chileno es que la interconexión entre política y economía no permite saber quién financia a quién". Frente a esta realidad, el Gobierno y la oposición impulsan un acuerdo destinado a introducir cambios legislativos que fortalezcan la probidad administrativa y la transparencia en el financiamiento de la política.