Pastor estudia aportar nuevos fondos para consensuar la ley de sanidad

La ley de financiación autonómica no es el único medio para aportar fondos a las prestaciones que quiere incorporar el Ministerio de Sanidad. La ministra Ana Pastor recordó ayer que había otras posibilidades: el fondo de cohesión y el de suficiencia. Fuentes cercanas a las negociaciones entre Pastor y la oposición reconocieron que ambas posibilidades se habían manejado. Si hubiera acuerdo, Pastor eliminaría una de las mayores objeciones de la oposición a la Ley de Sanidad. El Congreso aprobó ayer, con el voto del PP y CC, iniciar el trámite de esta ley. Sólo votaron en contra cuatros diputados (tres del Grupo Mixto y uno por error). La oposición de izquierda y nacionalista se abstuvo.

Coalición Canaria fue el único grupo que votó con el PP a favor del proyecto de ley. El resto se abstuvo. El cuarto voto en contra fue de un diputado que se equivocó y no siguió las consignas de su partido. La anterior ministra de Sanidad, Celia Villalobos, dejó el hemiciclo cuando comenzó el debate y no volvió ni a votar.

El recordatorio de Pastor de las posibles vías de financiación se produjo después de que se reuniera a primera hora de ayer con el secretario de UGT, Cándido Méndez, informa Efe. Con ello se adelantaba a las críticas que sabía que iba a escuchar más tarde en el Congreso, durante el debate sobre la ley, y esbozaba una posible vía de negociación.

Pero la solución de usar el fondo de cohesión o el de suficiencia (previsto en la ley de financiación autonómica de 2001) para financiar las nuevas prestaciones no convence a todos. El PSOE, por ejemplo, es "firme defensor" de que se añada dinero para sanidad a la ley de financiación, según la portavoz socialista Consuelo Rumí.

La ministra Ana Pastor expuso en el Congreso las directrices de la ley, e indicó que con ella ganaban los ciudadanos (porque garantiza la equidad y la calidad de las prestaciones y sabrán cuánto tienen que esperar); las comunidades autónomas (que podrán participar a través del Consejo Interterritorial en la toma de decisiones y compartir información para mejorar sus resultados) y los profesionales (con garantías de movilidad y carrera profesional). La ministra repitió su interés en lograr "el máximo consenso" con los otros partidos.

Esta voluntad de llegar a acuerdos de Pastor jugó a su favor. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Carlos Aymerich, quien retiró la enmienda a la totalidad que había anunciado, declaró que la abstención de su grupo era "un voto de confianza a la ministra", aunque no compartía "la filosofía del proyecto e incluso podrían llegar a plantearse hasta qué punto era necesario".

"Intentar una relectura"

Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya-Verds, también quiso "felicitar a la ministra por su talante". La diputada del PNV Margarita Uría confió en el "talante y actitud" de Pastor para "intentar una relectura" del proyecto de ley. En la misma línea, Rumí, anunció que su grupo plantearía enmiendas [tiene casi cien preparadas] "a la práctica totalidad del articulado".

Los diputados que tomaron la palabra coincidieron unánimemente en sus críticas al proyecto de ley. Los dos aspectos que más rechazo causaron fueron la falta de concreción sobre la financiación de las nuevas prestaciones y el papel de las comunidades autónomas en el nuevo sistema de sanidad definido tras las transferencias.

Joan Puigcercós, de Esquerra Republicana de Catalunya, basó su enmienda en "la perversidad del sistema de financiación", que deja en manos del Gobierno la fijación del catálogo de prestaciones y servicios sin disponer de fondos para que las comunidades los suministren. Puigcercós y Saura resaltaron cómo la atención sociosanitaria de personas dependientes (una de las nuevas propuestas) podía agotar el presupuesto autonómico. "La ministra es víctima de Cristóbal Montoro [ministro de Hacienda]", apuntó Puigcercós.

La otra crítica compartida fue el "centralismo" de la ley, como afirmó el portavoz de CiU, Jordi Martí. "El proyecto es difícilmente asumible por las comunidades autónomas", indicó Marisa Castro, de IU. Define "un ministerio dirigista" que "no queda compensado por la participación de las comunidades en el Consejo Interterritorial ni en los organismos o agencias [de Calidad, de Alta Inspección] que se crean", añadió la diputada.