Una factura de odio

Las hipótesis sobre los móviles de los atentados terroristas buscan la supuesta racionalidad funcional y de oportunidad de esos actos de barbarie. La muerte de Joseba Pagazaurtundua, asesinado el sábado por la mañana en un bar de Andoain mientras desayunaba, ni siquiera se presta a esa pregunta superflua: ETA sólo aguardaba el momento propicio para cobrar su sanguinaria factura de odio a un combativo demócrata vasco cuya biografía le ofendía. Militante del partido socialista y del movimiento cívico ¡Basta Ya!, Joseba Pagazaurtundua reunía en su persona los rasgos que más pueden detestar los terroristas: un vasco euskaldun procedente del nacionalismo radical (fue miembro de ETA político-militar) que evolucionó hasta asumir un valiente compromiso con el pluralismo y las libertades. Designado jefe de la Policía Municipal de Andoain a mediados de los 90 por el ayuntamiento socialista, el resultado de las elecciones de 1999 (en esa convocatoria Batasuna, PSOE y PNV lograron el mismo número de concejales) cambió el entorno de su vida y preparó las condiciones para su muerte: los nacionalistas radicales consiguieron la alcaldía -con 5 ediles sobre 17 - como lista más votada.

La negativa del alcalde de Andoain y de otros concejales de Euskal Herritarrok a condenar el asesinato de Joseba Pagazaurtundua no sólo pone de relieve la indignidad política y la cobardía personal de esos encubridores morales de la violencia: muestra asimismo la terrible degradación de la vida pública vasca. Dentro de ese desolador cuadro se inscribe el mezquino boicoteo por el PNV de la moción de censura presentada por los cinco concejales del PSOE y los dos ediles del PP de Andoain contra el alcalde de Batasuna; el guiño del partido de Arzalluz al electorado nacionalista radical en vísperas de los comicios municipales de mayo de 2003 es obsceno. El veto de la familia de Joseba Pagazaurtundua a la presencia en el velatorio del lehendakari Ibarretxe y de los dirigentes de los partidos del Pacto de Estella -PNV, EA e IU- refleja el galopante proceso de fractura de la sociedad vasca inducido desde arriba por las fuerzas nacionalistas. El PNV condena el terrorismo en términos morales pero alimenta en paralelo la ideología de la violencia del nacionalismo radical con sus ensueños compartidos de una Gran Euskal Herria independiente y soberana (formada por el País Vasco, Navarra y los tres territorios franceses ultrapirineacos) en la que sólo los vascos de ideología nacionalista tendrían plenos derechos de ciudadanía. La teoría según la cual los asesinatos terroristas no son únicamente crímenes sino también el efecto necesario de un conflicto histórico cuyos orígenes se remontarían a las Guerras Carlistas brinda una coartada político-moral a los verdugos y subordina la paz en el País Vasco al cumplimiento a largo plazo de los objetivos soberanistas e independentistas del Pacto de Estella de 1998 o del plan del lehendakari Ibarretxe de 2002.

Esa Euskal Herria modelada por la limpieza étnica no es una pesadilla del futuro sino que se halla prefigurada en el presente del País Vasco: los derechos y las libertades de los vascos sin adscripción nacionalista -como el malogrado Joseba Pagazaurtundua- están siendo recortados en ámbitos tan decisivos como la protección de la vida y de los bienes, la expresión de las ideas, la lucha electoral ante las urnas y la interdicción de la discriminación oficial en la enseñanza y el empleo público. Entre tanto, la cúpula del PNV niega las evidencias acerca de las inextricables vinculaciones entre ETA y la amplia constelación de organizaciones sociales o políticas subalternas situadas en su entorno, entre otras Batasuna. La beligerante campaña lanzada por el Ejecutivo de Vitoria y la dirección del PNV contra la Ley de Partidos y las resoluciones judiciales dictadas por el juez Garzón, que abren el camino a la ilegalización de Batasuna por la vía civil o por la vía penal respectivamente, desenmascara el doble juego estratégico del nacionalismo moderado con respecto al nacionalismo radical. El apoyo moral prometido por el presidente del PNV al brazo político de ETA ante su eventual ilegalización aspira a ganarse los favores de un segmento del electorado de Batasuna en los comicios municipales del próximo mes de mayo si el nacionalismo radical no pudiera presentarse a las urnas con siglas propias o prestadas.