Una decisión con poca ciencia

Las universidades españolas se han volcado con la crisis del Prestige. Sobre todo llevando voluntarios a las playas, pero también, y sin cesar, sacándole los colores al Gobierno. La queja es general: el Ejecutivo, repiten profesores universitarios, ha tomado las decisiones sin consultar con los que saben, o sea ellos, hasta que creó el comité científico. Especialmente desde las tres universidades gallegas, las más críticas, que tienen además la mayor concentración de expertos en el mar.

Los claustros y grupos de profesores han firmado manifiestos de censura al Gobierno. El último de ellos, que se publicará el viernes en la prestigiosa revista Science, lleva la firma de 421 científicos de 32 universidades, del CSIC y del Instituto Oceanográfico.

El Ejecutivo insiste en sostener que la decisión de alejar el barco se tomó siguiendo el criterio de los técnicos. Sin embargo, el manifiesto deja claro para la comunidad científica mundial, que es la que lee Science, que las decisiones tomadas no obedecen a ningún criterio científico, y el problema fundamental reside precisamente en el hecho de que el Ejecutivo no consultó con los expertos investigadores.

Quienes más clara han dejado su postura son los profesores, investigadores y técnicos de los grupos de investigación de Geología Marina, Oceanografía Física y Ecología Marina de la Universidad de Vigo. 67 de ellos firmaron un mes después de la catástrofe una carta muy dura. Sostenía que las decisiones tomadas por el Ejecutivo son "actuaciones difícilmente derivadas del saber científico acumulado a lo largo de las últimas dos décadas".

La base de la argumentación es simple: si desde hace 25 años se sabe que hay una corriente dirigida hacia el norte, ¿Por qué se llevó el barco al sur? El escrito era tajante: tanto el traslado al sur, como los cambios de rumbo, han ampliado las consecuencias de la catástrofe. Los científicos se quejaban del "desaprovechamiento de un potencial humano de valor inestimable", esto es, los investigadores de Ciencias del Mar. No sólo no se les hizo caso, es que nunca se les ha dotado de los medios necesarios ni hubo interés en desarrollar un plan de emergencia en el que podrían haber colaborado, decía el manifiesto.

Los investigadores, en cualquier caso, se comprometían, y así lo han hecho, a seguir investigando las consecuencias del desastre del Prestige para aportar sus conclusiones al Gobierno, aunque no se las haya pedido. En Internet hay varias muestras del resultado de estas investigaciones paralelas a las oficiales.

Otros 96 científicos avalaron una protesta promovida por Greenpeace, en la que se exigía al Gobierno que se dejara asesorar. A las mismas conclusiones llegaron todos los decanos de Biología de España, reunidos en Málaga. "Las actuaciones realizadas por las Administraciones difícilmente se pueden entender desde un punto de vista científico".

Otras universidades gallegas, y de toda España, siguieron la estela de Vigo. Así lo hicieron la Politécnica de Cataluña, de Sevilla, Oviedo... Además de organizarse para enviar voluntarios, muchas emitieron comunicados de protesta por el comportamiento "no científico del Gobierno". De paso, aprovecharon para criticar a la empresa Tragsa y en general a la gestión con los voluntarios, que al volver a sus universidades se quejaban de la desorganización. Las universidades gallegas también organizaron paros rotatorios para permitir que sus alumnos fueran a limpiar chapapote; otros centros españoles, como la Universidad de Alcalá de Henares, pusieron productos gallegos en sus menús para apoyar.

La situación llegó a tal extremo que el propio presidente de la Conferencia de Rectores, Ignacio Berdugo, sostuvo que el Gobierno podía haber consultado "bastante más" a los investigadores, y recordó que el 70% de la capacidad técnica y científica se genera en las istituciones universitarias. Las mismas opiniones se pueden ver en los diversos foros de científicos en Internet.

La indignación entre esta comunidad fue creciendo a medida que el Gobierno ofrecía informaciones contradictorias. "Estoy hasta las narices de lo que estoy leyendo. Tenemos que aprender de este error monumental. Hay que saber a quién tenemos que llamar en caso de catástrofes parecidas, qué barcos enviar y cómo movilizar a los medios. Me avergüenza que un país como España tenga que depender de los pronósticos del viento y las corrientes para saber dónde está una mancha", se quejaba en una entrevista Alberto Otero, director del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. En este mismo centro, dependiente del CSIC, los trabajadores firmaron un manifiesto para decir que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo "son determinantes de la catástrofe". Y que "entre todos los escenarios posibles se ha optado claramente por el peor". Los trabajadores rechazaban la "contaminación informativa y desinformación practicada por los Gobiernos central y autonómico sobre este asunto".

Ayer mismo llegó el último comunicado crítico. El claustro científico del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, dependiente del CSIC, que acusa al Gobierno de tratar de "reducir la ciencia española a la nulidad", como demuestra "la deplorable actuación del Ejecutivo ante el hundimiento del Prestige". Los científicos se reconocen "desmoralizados" por la imagen que se está transmitiendo.