¿Exige la guerra contra Irak una nueva resolución?

¿Es necesaria una segunda resolución, tras la 1.441, antes de que Estados Unidos, solo o con aliados, pueda atacar a Irak respaldado por una legitimidad jurídica? El debate está abierto. Naturalmente, tras las discusiones jurídicas hay un pulso político. La tesis de que no es necesaria esta segunda resolución ha sido construida por los anglosajones, EE UU y el Reino Unido principalmente, aunque ahora Blair va girando. Temen no encontrar una mayoría suficiente, por no hablar de posibles vetos, en el Consejo de Seguridad. En línea con la posición alemana (que también ha girado, pues en un principio no quería votación para no tener que tomar posición) y francesa, para el alto representante de la UE, Javier Solana, "sería mucho mejor disponer de una segunda resolución", aunque la 1.441 "no requiere exactamente eso", desde un punto de vista estrictamente jurídico. Y ésa es también la línea de razonamiento que parece seguir el Gobierno de Aznar.

La Carta de Naciones Unidas es clara: salvo en caso de legítima defensa ante un ataque, sólo el Consejo de Seguridad puede legitimar el uso de la fuerza. La tesis anglosajona, según fuentes que la conocen en profundidad, hace una construcción compleja para evitarlo. Naturalmente, mucho depende del informe que presente Hans Blix, el jefe de los inspectores internacionales, ante el Consejo de Seguridad el 27 de enero (u otro posterior si se le diera más tiempo). Si Irak fuera descubierto en una "violación grave" (material breach en inglés, violation susbtantielle en francés) de la 1.441, entonces podría dar pie, siempre según esta visión, a una acción armada sin el aval del Consejo de Seguridad, no porque el derecho internacional permita el uso de la fuerza en caso de tal violación, sino porque, por "encadenamiento", se reactivaría la vieja resolución 678, de 29 de noviembre de 1990, que autorizó la utilización de "todos los medios necesarios" para desalojar a Irak de Kuwait, que había invadido.

Aquella resolución quedó en suspenso por la 687 de 1991, que vino a instaurar no la paz, sino un alto el fuego (o "cesación del fuego", en el lenguaje del texto oficial), supeditado a la aceptación de algunas condiciones y al efectivo cumplimiento de algunas exigencias a Irak, que implicaban, entre otras cosas, el desarme de Irak en material química, biológica o nuclear.

En más de una ocasión, este alto el fuego ha sido temporalmente suspendido por el Consejo de Seguridad ante movimientos amenazadores de tropas iraquíes, por ejemplo, en 1994 (con la resolución 949). Lo que defiende Washington es que el incumplimiento de la 1.441 por Irak activaría así el casus belli, para "restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región", como una y otra vez se recogen en todas estas resoluciones, adoptadas todas en el marco del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, referente a la "acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o acción de agresión", y de obligado cumplimiento.

Según la 1.441, cuyos considerandos, para Estados Unidos y algunos europeos, están armados en esta lógica, tras el mencionado informe de Blix, el Consejo de Seguridad se reunirá "inmediatamente (...) a fin de examinar la situación y la necesidad de que se cumplan plenamente todas sus resoluciones en la materia con el objeto de asegurar la paz y la seguridad internacionales".

De acuerdo a la interpretación anglosajona -que algunos expertos europeos no comparten con tanta claridad y rotundidad ni desde luego a estas alturas Rusia u otros países-, el Consejo de Seguridad tiene obligación de debatir el informe de Blix, pero no adoptar una nueva resolución. Podría bastar, por ejemplo, una simple constatación de la presidencia del Consejo de que Irak ha infringido -o no, según el caso- sus obligaciones, lo que abre la vía a "graves consecuencias". Esta presidencia la ocupa en enero Francia, y en febrero, Alemania, que son partidarias de una segunda resolución que, al menos, amplíe el plazo en varias semanas de la inspección y no convertir el 27 de enero en un punto de no retorno.

Y si Irak cumple, lo cual es prácticamente imposible, tendría que volverse a la resolución 1.284 (de 1999), que abre la vía al levantamiento controlado de las sanciones contra Irak, el escenario de pesadilla para EE UU, si antes no cae el régimen de Sadam Husein, aunque Washington disponga del poder de veto a lo largo de todo ese posible camino.

Pues, al cabo, y aun a la espera del informe de Blix, que pesará mucho, el debate no se puede cerrar sólo desde el punto de vista jurídico. Hay que convencer no sólo a los jueces (el Consejo de Seguridad), sino también al jurado político, que son las opiniones públicas de Estados Unidos, en primer lugar, de Europa -cuyos gobiernos están mayoritariamente a favor de una nueva resolución- y del resto del mundo.