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Reportaje:Los retos de Lula | UNA NUEVA ERA EN BRASIL

Esclavos del siglo XXI en las haciendas de Brasil

Miles de trabajadores rurales viven en condiciones de esclavitud en el noreste del país, atrapados por la explotación de grandes latifundistas y bajo la amenaza de matones armados

Marabá (Estado de Pará)

En haciendas lejanas del noreste brasileño, cuyos propietarios devastan la selva sin compasión, hay seres humanos que reciben peor trato que animales. El último país en abolir la esclavitud padece todavía esa lacra en tierras donde el Estado brilla por su ausencia e impera la ley del más fuerte. Engañados con la falsa promesa de un empleo remunerado (un sueño en el Brasil más pobre), prisioneros de hecho por quienes los contrataron y amenazados permanentemente por matones armados, miles de trabajadores viven atrapados en un calvario. Para estos esclavos del siglo XXI, la libertad es una quimera. Sólo la recuperan los que consiguen escapar sin una bala en la cabeza.

"Creemos que será un tema al que el Gobierno de Lula dará máxima prioridad", dice José Batista, abogado y coordinador en la ciudad de Marabá de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organización de la Iglesia fundada en plena dictadura para apoyar a la población rural que hoy encabeza la lucha contra el nuevo esclavismo.

"El propietario nos advirtió que si lo denunciábamos nos mataría a todos"

Los procesos por trabajo esclavo quedan en nada por la lentitud de la justicia

"En lo que va de año en la sede de la CPT de Marabá hemos recibido denuncias contra más de cien haciendas, de las que el 70% no son de la región donde se está deforestando, sino de la región tradicional, donde ya sólo hay pastos. Podría pensarse que, como ya no queda selva para devastar, no hay mano de obra esclava. ¡Pues no! El 70% de las denuncias viene de esta región. Esto quiere decir que muchas haciendas continúan con la práctica de la mano de obra esclava", denuncia José Batista.

En los últimos dos años el número de denuncias ha aumentado mucho gracias a la labor de concienciación de los trabajadores por parte de la CPT, que ha distribuido entre ellos los teléfonos de sus oficinas en diversas ciudades. Muchos de los que huyen tienen ahora donde comunicarse.

"Trabajaba en la hacienda Marajoá, en el Estado de Pará. Escapé con otros 12 compañeros y llegamos a Marabá, a 200 kilómetros. El trabajo con la motosierra era muy duro, sin ningún día de descanso: cortar árboles y deforestar la selva para abrir caminos. Los pistoleros nos controlaban todo el día". A Domingo Razende da Silva, de 26 años, le tiembla la voz al recordar su cautiverio. "Comíamos frijoles y arroz con algún pedazo de carne, cuando cazábamos en la selva. Estuve desde el 30 de abril hasta el 22 de octubre y en todo este tiempo no cobramos un centavo. El propietario nos advirtió que si le denunciábamos nos mataría a todos".

Razende lleva 24 horas en un local de una ONG de la Iglesia católica en Marabá, donde está refugiado junto a otros tres compañeros de fuga. Son hombres corpulentos, de piel oscura, curtidos en tareas duras y con una mirada profundamente triste. Razende acudió a la policía, de donde le remitieron a la CPT. ¿Y ahora qué? "Tengo miedo de volver allá porque me pueden matar. Veré si puedo trabajar en otra hacienda".

Antonio Pereira, de 44 años, de Maranhao, trabajaba en una hacienda del municipio de Pacajá. Huyó con diez compañeros. El propietario les advirtió de entrada que no les pagaría y que no temía a las autoridades ni a la Policía Federal. "Mataré a quien me denuncie", amenazaba. Trabajaban de siete de la mañana a cinco de la tarde, sólo hombres, sin las familias. "Alguna vez podíamos hablar por teléfono, pero cuando las cosas empeoraron se acabó la comunicación".

Gibal Alves Rosa, de 32 años, fue contratado por un intermediario que le prometió 80 reales (22,5 dólares) por cada kilómetro deforestado. "Llegamos 19 compañeros a la hacienda, pero al poco tiempo escaparon nueve. Dormíamos en un barracón. Trabajé 41 días sin parar y sin ver nada de dinero. El encargado sólo se dejaba ver con un tipo armado".

La malaria, el dengue y otras enfermedades hacen estragos en estas haciendas, a las que no llegan medicinas ni médicos. "Si un trabajador enferma de gravedad, son los propios compañeros quienes te cuidan como pueden, porque el propietario no hace nada". Domingo, Antonio y Gibal ya saben lo que es la malaria: "Treinta días sin comer ni apenas dormir, pasándolo muy mal".

La media anual de trabajadores esclavizados en los Estados de Pará y Mato Grosso supera los 2.000, según la CPT, que estima en 15.000 los brasileños que viven en régimen de esclavitud. El Ministerio de Trabajo reconoce implícitamente que esta cifra es inferior a la real cuando advierte que por cada trabajador rescatado otros tres siguen esclavizados. En el año 2002 se han presentado más de 3.600 denuncias que afectan a 88 haciendas y han sido liberados 1.028 trabajadores. Numerosos testimonios recogidos por la CPT señalan que hay trabajadores que llevan años en estas condiciones. No intentan escapar ni se atreven a denunciar porque viven en el reino del miedo. "En el sur de Pará hay propietarios muy agresivos", dice Antonio Pereira. De palabra y obra. Abundan las historias de pistoleros de gatillo fácil, de trabajadores asesinados y enterrados en las mismas haciendas. El propietario suele vivir en la ciudad. En la finca tiene al gerente y los capataces.

El Gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue el primero en reconocer la existencia del trabajo esclavo, en una actitud coherente con sus tiempos de sociólogo, cuando escribió más de un texto sobre el trabajo esclavo en Brasil. Hasta el año 1995, la posición oficial de Brasil, a pesar de las numerosas denuncias internacionales, era negar la existencia de situaciones de esclavitud o admitir que eran casos esporádicos. Cardoso aprobó la creación de un grupo ejecutivo de represión del trabajo forzado (Gertraf) dependiente de la Presidencia de la República y coordinado por el ministro de Trabajo. A su vez, este ministerio puso en marcha un grupo móvil de fiscalización como fuerza de intervención en los Estados. Se trata de un grupo centralizado en Brasilia, que actúa sigilosamente, formado por fiscales de trabajo y policías federales. La eficacia de este cuerpo tropieza con la falta de recursos. No tiene helicópteros y algunas regiones amazónicas son de acceso imposible por tierra. El mecanismo habitual es que cuando llega el grupo móvil, rescata a los trabajadores, el propietario paga sus derechos, los libera y los manda a sus Estados de origen. Hay haciendas a las que el grupo móvil ha llegado 10 veces, lo que da idea del grado de reincidencia de los propietarios.

¿Cómo definir el trabajo esclavo? Esencialmente, por la falta de libertad y la explotación sin límites. Hay casos en que los trabajadores no pueden salir físicamente de la propiedad porque lo impiden los pistoleros. Pero hay otros casos de intimidación. Para seducir a los trabajadores, el contratante, conocido como gato, adelanta una pequeña cantidad de dinero, 20, 30 o 50 reales. En la hacienda todo es más caro que en la ciudad y las deudas del nuevo empleado se disparan. Llega el fin de semana y no cobra un céntimo. El endeudamiento del trabajador acaba convirtiéndose en el precio de su libertad, que no puede pagar. Es tan simple, tan honesto y tan desinformado que cree que tiene que trabajar hasta saldar sus deudas, aunque sean de 10 reales. Las condiciones de vida son lamentables: come mal y duerme mal, en barracas de lona negra donde hace un calor insoportable durante el día y un frío polar en la noche.

Las denuncias de la CPT de casos de trabajadores asesinados al intentar escapar son abundantes. Otros mueren en el camino después de recibir su paga. Hay un caso que ha llegado hasta las instancias de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA): dos trabajadores huyeron de la hacienda Espíritu Santo, en Marabá. Caminaron durante horas en la oscuridad de la noche, hasta que salieron de la maleza a la carretera. El primer coche que pasó fue el de los pistoleros que les andaban buscando. Les dispararon. Uno murió en el acto y el otro, José Pererira, de 17 años, pudo salvar su vida porque se hizo el muerto. Pereira escapó, presentó denuncia, recibió una indemnización de 70.000 reales (19.774 dólares), pero nadie fue culpado por el crimen.

El artículo 149 del Código Penal establece la pena de dos a ocho años de reclusión para quien mantenga un ser humano en condiciones de esclavitud. La mayoría de los procesos por trabajo esclavo quedan en nada por la lentitud de la tramitación en la Justicia. "Para nosotros la sanción no resuelve el problema. Quienes esclaviza son los grandes propietarios que tienen poder económico e influencia política. Difícilmente un latifundista irá a la cárcel por practicar el trabajo esclavo", dice el abogado José Batista, de la CPT, que reclama acciones más eficaces para combatir el trabajo esclavo.

"Hace falta una sanción financiera, no sólo penal. Tiene que afectar el bolsillo de los propietarios", estima Batista. "Por ejemplo, la suspensión de cualquier tipo de crédito para los estancieros descubiertos in fraganti en la práctica de trabajo esclavo". La ley señala que las haciendas que albergan trabajadores esclavos serán confiscadas en cumplimiento del programa de reforma agraria. Nunca se ha aplicado.

El sureste de Pará es una región de unos 900 kilómetros de extensión y no tenía carreteras hasta los años cincuenta. Los militares descubrieron en la década de los sesenta que el subsuelo de aquella región era muy rico en minerales y decidieron dos grandes construcciones para integrar la Amazonia con el resto del país: la ciudad de Brasilia en la década del sesenta y la Transamazónica en los años setenta.

El Gobierno facilitó la llegada a la región de grandes propietarios del centro y sur del país y de grupos económicos y financieros, a los que entregó grandes extensiones de tierras. La selva fue parcelada y entregada.

Al mismo tiempo, el Gobierno quiso convertir el Estado de Pará en el primer productor de ganado bovino. La consecuencia fue la devastación de la selva. "En los años cuarenta, los 800 kilómetros que separan Marabá de la línea divisoria con Mato Grosso eran de selva virgen. Hoy, en el mismo trayecto no queda un solo árbol en pie. Todo es pasto. La selva ha sido devastada y la madera extraída sin ningún control ambiental", se lamenta José Batista.

Junto a la entrega de grandes propiedades, el Gobierno inició una campaña de propaganda en las regiones más pobres del Sur y Noreste para trasladar a grandes contingentes de trabajadores hacia la Amazonia, bajo el lema "tierra sin hombres para hombres sin tierra".

Una buena consigna que no era rigurosamente cierta, porque la Amazonia no estaba vacía. Indígenas, garimpeiros (buscadores de oro), seringueiros (recolectores de caucho) y pueblos ribereños eran algunos de sus pobladores. El propio Batista salió del Estado de Minas Gerais con su padre en 1973, después de escuchar la propaganda. "Había mucha tierra buena y los estancieros contrataban pistoleros para defender esas tierras".

Para muchos trabajadores que llegaban de lugares lejanos era un camino sin retorno. Habían hecho viajes de días en camiones desvencijados, los pau de arara, y muchos eran asesinados y enterrados en las mismas haciendas. La CPT llegó a identificar en Marabá unos 500 cadáveres.

Para las labores de deforestación, que transforma la selva en pastos, los grandes propietarios consiguen mano de obra barata procedente de Estados pobres del Noreste como Tocantins, Maranhao, Piauí, Ceará. Ahí surgió la figura del gato, que se dedica a comprar en los pequeños pueblos la fuerza de trabajo para las haciendas. Cuando llegan a su destino, los peones comprueban que las promesas de cama, comida y salario se convierten en el doble de trabajo y la mitad del dinero que esperaban ganar. "El propietario llamaba al gato y le decía: 'Tengo 800 hectáreas de selva para derribar y necesito tantos trabajadores'. El gato va a las ciudades del Noreste y allí contrata la mano de obra. Ahí nace el trabajo esclavo", explica José Batista.

Frei Xavier Plassat coordina la campaña de la CPT contra el trabajo esclavo. Con un portugués que acaricia el acento inconfundible, este padre dominico francés no oculta su preocupación por la poca atención que dedicaron al trabajo esclavo todos los candidatos en la reciente campaña electoral. "Parece que es un asunto que no está en la agenda, en la conciencia de los políticos. Nos asusta un poco de parte del PT [Partido de los Trabaladores de Lula]. No sé si era para no crear problemas y no hablar de cosas duras en la campaña. De todos modos, confiamos en que el Gobierno del PT sea favorable a la Ley de Confiscación de Tierras y apoye la suspensión del financiamiento a los responsables de trabajo esclavo".

Diversas organizaciones internacionales han denunciado la existencia de nuevos esclavos en Brasil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización Internancional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas han hecho oír su voz.

El relator de la OIT fue muy crítico con el Gobierno brasileño en una visita reciente en la que elevó sus quejas: "Ustedes me presentan todos los años con mucha satisfacción la excelente actuación del grupo móvil de fiscalización, pero no tienen un número real de cuántas condenas han aplicado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de enero de 2003