Las comunidades autónomas deciden reforzar el control de las agencias de adopción

Las comunidades autónomas han suscrito un acuerdo para elevar los requisitos de las agencias de adopción internacional y moderar sus tarifas. El objetivo es acabar con las abultadas tarifas que cobran muchas de estas agencias -denominadas Entidades Colaboradoras para la Adopción Internacional (ECAI)- a las familias por adoptar un niño extranjero. Las comunidades persiguen que estas entidades realicen su trabajo sin afán de lucro y que cuenten con representantes fiables en el país del menor. Entre las comunidades que han impulsado ya medidas están la Valenciana, Cataluña y Madrid.

Cataluña ya tiene su normativa, según la cual las ECAI son elegidas por concurso público y, una vez aceptadas, deben someterse a un control económico permanente. El País Vasco ha impulsado también la modificación de su normativa para desbloquear y facilitar estas adopciones, y Madrid prevé que entre en vigor un decreto a primeros de 2003 tras superar la fase final del Consejo de Estado que refuerce el papel no lucrativo de las agencias.

Esta comunidad ha comprobado que la opinión pública no tiene una imagen positiva de estas agencias, según se desprende de un estudio impulsado por el Colegio de Psicólogos de Madrid, que analiza la opinión de los padres que solicitan el certificado de idoneidad necesario para adoptar un niño sobre la adopción internacional. Las conclusiones de este colegio profesional reflejan que muchas de esas personas asocian las ECAI con un "negocio" y un "engaño", según explica el coordinador de esas entrevistas, Ángel Polo. Polo aludió a este estudio durante unas jornadas sobre el futuro de la adopción internacional, que reunió en Madrid recientemente a expertos de diversos países junto con representantes de las ECAI y de las comunidades autónomas.

Nacidas a mediados de los noventa, la labor de las ECAI arroja hasta ahora un contradictorio saldo de luces y sombras. Las irregularidades detectadas en algunas de ellas -por pedir dinero extra a los padres para agilizar el proceso, por dar a la adopción a niños en condiciones dudosas o por favorecer a unos adoptantes frente a otros (en función de su aspecto, edad o ingresos) en la preasignación de los menores- han provocado la revisión de la situación tanto por parte de las comunidades autónomas como en el Senado, donde se ha creado una comisión para analizar la situación. Aunque la mayoría de las autonomías ya están paliando estas lagunas, esta comisión del Senado elaborará unas conclusiones (que estarán listas en los próximos meses) en las que se propondrán nuevas modificaciones legales.

"Hay un consenso tácito para abaratar costes y conseguir que cada ECAI opere con un precio único tarifado por país y que cualquier familia que tramite con ella pague siempre la misma cantidad. El objetivo es que no haya dinero que tenga un destino incierto", señala Trinidad Crespo, de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones de la Comunidad Valenciana. Es la misma línea seguida por Cataluña, dirigida a "cargar las tintas en el control económico para que no se nos vayan de las manos", como explica Pedro Fernández Balastegui, del área jurídica del Instituto Catalán de Acogida y Adopción.

La mayoría de los padres canaliza la tramitación de las adopciones internacionales a través de ECAI, pero hay familias que optan por la llamada vía pública, es decir, de país a país, y pagan directamente a los abogados que los representan en el lugar en que han sido autorizados a adoptar. Sea cual sea la vía, las cantidades a abonar suelen coincidir, aunque contar con el asesoramiento de una agencia es algo más caro.

La sospecha de la familia sobre el desembolso solicitado surge cuando comprueba que las tarifas de unas y otras ECAI en las diferentes comunidades para operar en el mismo país pueden variar ostensiblemente: de 500 euros a 6.000. En ocasiones, la disparidad de precios puede deberse a que no todas tienen la misma infraestructura ni implantación en el país del menor.

No obstante, para corregir posibles abusos, la Comunidad de Madrid exige, por ejemplo, a las dos ECAI que acaban de ser acreditadas para operar en la Federación Rusa desde Madrid (ASEFA y ADECOP) una tarifa similar de en torno a 10.800 euros.

La Federación Rusa, país del que llegaron 652 niños en 2001, ha ofrecido hasta ahora una llamativa diversidad de tarifas. Un hecho significativo si se tiene en cuenta que Rusia fue el segundo país después de China en el que adoptaron los españoles en 2001, y el primero de los países del Este. Una predilección que aumentó en 2002 al haberse producido restricciones en China.

Se espera que la progresiva acreditación de ECAI acabe con la gran diversidad de precios. El nuevo decreto madrileño, por ejemplo, exigirá a las agencias una única cuenta corriente donde depositar una elevada fianza y una póliza de seguros que ofrezca garantías a los padres en el caso de que la ECAI no lleve a término la adopción solicitada y abonada por los padres.