El derecho a la identidad de los mayores de edad

¿Puede un juez obligar a dos personas mayores de edad a someterse a análisis de sangre cuando está en duda su identidad? Ésta es la cuestión de fondo, la auténtica clave, en el caso que envuelve a la directora y propietaria del diario argentino Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y a sus hijos adoptivos Felipe y Marcela, que, según sospecha el juez, son hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

El juez Marquevich se ampara en una decisión de la Corte Suprema, que ha fallado en una ocasión que la extracción de sangre puede ser obligatoria. "Puede ser compulsiva porque las personas en esas condiciones son objetos procesales", dice. "Porque sin su sangre no puedo resolver el caso. Y, al margen de que sea una invasión a la intimidad de los jóvenes, por encima de esa intimidad está el derecho a la identidad y los derechos de terceras personas. Por eso es obligatoria la extracción de sangre. Eso fue lo que puse en la resolución".

La Cámara Federal de San Martín frenó en el último momento los exámenes genéticos de Felipe y Marcela, que el juez había ordenado con el uso, si fuera necesario, de la fuerza pública y deberá resolver sobre la mencionada cuestión. Sólo dispone de un margen de maniobra que incluye mañana y pasado, porque a partir del día 1 de enero Argentina inicia las vacaciones judiciales de un mes.

Abuelas de Plaza de Mayo

Estela Carlotto, de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, reclama de este tribunal celeridad en la decisión de convencer a los dos jóvenes para que se sometan a los análisis de sangre "y se desvele la verdad, entren en paz ellos, sus supuestas abuelas biológicas y la sociedad en su conjunto". La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, un movimiento que acaba de cumplir 25 años de dedicación a la búsqueda de detenidos-desaparecidos, pide la misma rapidez que la que adoptó la Cámara de San Martín a la hora de dictar la excarcelación de Ernestina Herrera de Noble y suspender la prueba de ADN a sus hijos adoptivos.

Si finalmente, el tribunal obliga a hacer el estudio genético a Felipe y Marcela, sus abogados recurrirán, con lo que el caso llegará hasta la Corte Suprema. Hay un precedente en el que el más alto tribunal falló a favor de la obligatoriedad de los análisis. Pero, según fuentes judiciales, los recursos demorarían la causa hasta un año.

Entretanto, las familias de Ernesto y María del Carmen García, por una parte, y de Roberto y Bárbara Lanuscou, por otra, reclaman que los jóvenes Felipe y Marcela se sometan a la prueba de ADN para determinar su identidad y comprobar si, como sospechan, son hijos respectivos de aquellas dos parejas que fueron asesinadas por los militares.